El caso Walter Gutiérrez, ¿falta administrativa o golpe político?

El defensor del pueblo fue cuestionado a raíz de un dictamen del OSCE del 6 de diciembre del 2021, que alerta que Gaceta Jurídica SA, empresa editorial de Walter Gutiérrez y de su hermana María Gutiérrez, contrató con el Estado entre 2016 y 2020, pese a los impedimentos legales que pesan sobre un alto funcionario como él.

Lo que llama la atención es el momento en que se hizo público el caso, justo después de que Gutiérrez -un público opositor al régimen- pidiera la renuncia del presidente Pedro Castillo, por lo que queda la duda de que se estén usando entidades públicas con fines políticos.

El mismo defensor del Pueblo lo dejó entrever, al señalar que se trata de un error de OSCE, porque su empresa no tiene registro vigente como proveedor del Estado desde hace más de diez años y no ha emitido boleta, factura o comprobante a ninguna entidad estatal. “Quiero creer que es un error de buena fe. Pero a mí me parece, por decir lo menos, extraño, no solamente la oportunidad, sino también la forma”, dijo en Epicentro TV, uno de los medios que difundió la denuncia.

Datos clave

Según la plataforma Piensa.Pe los datos clave de este caso son los siguientes:

• El 6 de diciembre de 2021, OSCE alerta que Gaceta Jurídica SA, contrató con el Estado entre 2016 y 2020.
• La difusión de este dictamen de OSCE se hizo público días después de que el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, pidiera la renuncia del presidente Pedro Castillo.
• Walter Gutiérrez fue nombrado defensor del Pueblo el 8 de septiembre de 2016 y, de acuerdo a Ley, él y sus parientes más cercanos están impedidos para contratar con el Estado durante el ejercicio de su cargo y hasta 12 meses después de cesar en sus funciones.
• OSCE señala que Walter Gutiérrez cuenta con una participación superior al 30% del capital o patrimonio social de Gaceta Jurídica SA, lo que significa un impedimento para contratar con entidades públicas.
• OSCE también indica que Gaceta Jurídica SA cuenta con vigencia indefinida como proveedor de bienes y servicios del Estado desde el 28 de julio de 2016. Sin embargo, en el registro de proveedores, la empresa editorial aparece como “no vigente”.
• “Gaceta Jurídica SA no está registrada como proveedora del Estado, resultando muy extraño que el órgano supervisor ignore esa situación”, reclama el área legal de la empresa.
• Según OSCE, la empresa de Walter Gutiérrez registra 11 contratos con distintas entidades públicas. Entre ellos, dos con la Municipalidad Provincial de Piura.
• El primero se trata de la venta de una suscripción anual al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ), un producto elaborado y comercializado exclusivamente por el Ministerio de Justicia.
• El segundo es por la venta de una suscripción a la revista “Actualidad Gubernamental”, que es producida y comercializada por el Instituto Pacífico. Es decir, no tienen relación con Gaceta Jurídica SA ni con el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.
• Otro dato no menos importante es que en el portal de Transparencia Económica no hay registro de pagos girados a favor de Gaceta Jurídica SA desde el 2017 en adelante.
• El área legal de Gaceta Jurídica SA advierte que el dictamen emitido por la subdirectora de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos, Wendy Cruz Kamiche, no le fue notificado “para verificar o contrastar la información consignada”.

En el primer caso, pareciera que OSCE no tiene las pruebas suficientes para poder vincular al defensor del pueblo. Sin embrago, hay otras dos empresas vinculadas a Walter Gutiérrez: Gaceta Comercial SA y Gaceta Consultores SA. Según el buscador de proveedores, Gaceta Comercial SA tiene dos accionistas: Gaceta Jurídica SA y Walter Gutiérrez. Esta empresa registra pagos, en el portal de Transparencia Económica, por S/ 1’208,205 entre 2017 y 2021.

En el caso de Gaceta Consultores SA, los socios son Gaceta Jurídica SA y Rafael Fernando Gutiérrez Camacho, otro hermano del defensor del Pueblo. Asimismo, según Transparencia Económica, registra contratos por S/ 167,029 entre 2017 y 2021.

El defensor del Pueblo asegura que ya no tiene acciones en Gaceta Comercial SA, pero no se ha pronunciado sobre Gaceta Consultores SA. Por su lado, ni OSCE ni la Contraloría han emitido algún pronunciamiento sobre estas razones sociales, casos en los que al parecer no encontrarían posibles faltas.

El caso está aún abierto y el defensor tendrá que presentar sus descargos. Los problemas en las contrataciones del Estado son diversos y no solo por asuntos vinculados a corrupción, sino por el mismo desorden y burocracia del sistema, que cuenta con muchos vacíos. Este es un tema que debería abordarse a fondo, dado que si bien este caso se ha  hecho público por la figura que involucra, miles de proveedores pequeños tienen problemas similares o pasan por situaciones difíciles cuando tienen que lidiar con el sistema del OSCE.

Finalmente, ni en el caso de Gutiérrez ni de cualquier otro político, sea cual sea su postura u opinión, se debería usar información sensible para tratar de “cancelarlo” o callar su voz. Algo similar ocurrió con el ex ministro de economía, Pedro Francke, a quien se empezó a investigar por casos similares, pero que rápidamente se hicieron noticia y se convirtieron en acusación aun cuando estaban en proceso de investigación. El Estado y su información no pueden ser un instrumento político para el gobierno de turno.