Masificación del gas y las dos únicas empresas que se beneficiarían: lo que debes saber

Pese a que el Congreso aprobó por mayoría la Ley de Masificación de Gas Natural, hasta ahora no se promulgó debido a que el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), observó la ley para agregar una disposición complementaria que incluya a grandes industrias a presunta solicitud de empresas monopólicas, las mismas que intentarían beneficiarse con la instalación y distribución de gas natural en al menos siete regiones (Junín, Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Huancavelica).

Se trataría de Promigas y Grupo Energía Bogotá, empresas que a su vez conforman Cálidda. Esta última envió una adenda solicitando al Minem su participación en la distribución de este recurso en siete regiones y la extensión de su concesión por 10 años en Lima y Callao. El problema se origina en que ambas empresas de capital extranjero ya se encuentran en la tarea de comercializar gas natural en regiones como Piura, Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca.

Si se autoriza esta práctica inconstitucional y permite que ambas empresas tengan a su cargo regiones como Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Apurímac, Puno e Ica, se estaría fomentando la creación de un monopolio antinatural que no solo atenta contra empresas más pequeñas, sino que evita que la población peruana cuente con gas natural en sus hogares a un precio accesible.

Entre los involucrados en este hecho irregular se encuentra el exministro Óscar Vera, quien adelantó la firma de contratos de concesión de tierras con los Gobiernos Regionales de Cusco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Todo parece indicaría que el ex titular del sector habría jugado en pared con Promigas y Grupo Energía Bogotá, sin importar que sus decisiones afecten gravemente a los residentes y pequeños negocios regionales.

Recordemos que la Ley tiene puntos sumamente importantes como la competencia sana entre el sector público y privado. Asimismo, ofrece subsidios con un tope máximo de consumo con la finalidad de beneficiar a las familias peruanas e industrias provinciales, excluyendo únicamente a aquellos negocios que utilicen más de 3,700 balones de gas al día. En la misma línea, la aprobación de este documento permite que las licitaciones en torno a la comercialización de este recurso sean abiertas y transparentes, lo cual impulsa la competitividad en el mercado nacional.

Además, da pie a que diferentes empresas, sin importar su tamaño o ubicación, puedan ser parte de la masificación de gas al construir las redes de distribución.  El objetivo es diversificar la oferta y ofrecer este servicio con la mayor calidad posible. El Congreso tiene la última palabra y, por ende, debería defender su decisión de aprobar la Ley de Masificación de Gas sin tomar en consideración las oscuras intenciones de sectores políticos o empresariales que intentan hacerse del mercado de gas natural en Perú.