Ineficiencia en Puno: obras públicas se retrasan 876 días en promedio

Puno se ha convertido en el caso más crítico en la ejecución física de obras públicas a nivel regional. Según el Consejo Privado de Competitividad (CPC), el departamento altiplánico registra un retraso promedio de 876 días —casi dos años y medio—, frente a los 712 días del promedio nacional, lo que lo posiciona con el peor desempeño en gestión de infraestructura estatal.

La región andina tiene una elevada carga de inversión pública: 257 proyectos activos con Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de acuerdo a las cifras oficiales. Sin embargo, esta magnitud no se traduce en avances: Puno suma un significativo 29% de incumplimiento en el registro de avance físico, lo que significa que casi uno de cada tres proyectos no reporta información sobre su ejecución. Esta falta de transparencia dificulta la supervisión, impide detectar paralizaciones a tiempo y aumenta el riesgo de irregularidades.

El informe del CPC también señala que Puno registra una variación de costo promedio de 105% en los proyectos regionales, es decir, las obras terminan costando más del doble de lo previsto inicialmente. Este nivel de sobrecosto suele asociarse a deficiencias en estudios técnicos, ampliaciones de plazo, paralizaciones prolongadas y problemas con contratistas.

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, un proyecto que no avanza

Entre las inversiones más relevantes en Puno se encuentra el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, considerado uno de los proyectos de salud más grandes del sur del país. Aunque no figura como “paralizado” en sentido administrativo estricto, su avance físico real ha sido mínimo y ha estado rodeado de cuestionamientos técnicos, retrasos e irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República.

El proyecto —que actualmente se ejecuta bajo la modalidad Gobierno a Gobierno con Francia— ha recibido recientemente una adenda para su modernización por cerca de S/ 398 millones, mientras que el Gobierno Regional de Puno ha anunciado que la obra completa tendrá un presupuesto total aproximado de S/ 800 millones. A pesar de ello, los reportes oficiales previos mostraban un avance físico inferior al 1%, confirmando la lentitud en la ejecución.

La Contraloría, además, identificó un perjuicio económico superior a S/ 171 mil en la contratación de estudios hidrológicos e hidrogeológicos elaborados mediante un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería sin proceso competitivo ni autorización del Consejo Regional.

Este caso se ha convertido en un símbolo de la dificultad del Gobierno Regional de Puno para ejecutar proyectos grandes y estratégicos. A mediados de año, la región sumaba 331 proyectos paralizados o con problemas de avance como centros de salud, proyectos de agua y saneamiento, caminos y obras educativas, sin que en la mayoría de casos se haya logrado destrabar su ejecución.

El informe del CPC muestra que la región sureña enfrenta una crisis profunda en la ejecución de su inversión pública: un portafolio de proyectos de alto impacto que no progresa al ritmo esperado. Puno requiere una intervención técnica urgente para evitar que los proyectos sigan acumulando años de demora.