Congreso impulsa más distritos pese a alta fragmentación estatal que agrava la ineficiencia
El Perú cuenta hoy con 1,891 distritos, una cifra que lo coloca entre los países más fragmentados administrativamente de América Latina. Sin embargo, esta estructura no se traduce en un Estado más eficiente ni cercano al ciudadano. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la mayoría de municipios distritales tiene menos de 10 mil habitantes y una recaudación mínima, lo que limita su capacidad para sostener servicios básicos o planificar obras públicas.
Pese a ese escenario, el Congreso ha presentado más de 50 proyectos de ley solo en 2025 para crear nuevos distritos o provincias en 19 regiones, muchas veces bajo el argumento de “mejorar la atención local” o “reconocer la identidad de las comunidades”. La creación de nuevos distritos está regulada por la Ley N.º 2779 que exige criterios técnicos como delimitación territorial por el Instituto Geográfico Nacional, viabilidad económica, capacidad de gestión y población mínima (5,000 para la costa y sierra, y 2,500 en la selva). Informes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Oficina Nacional de Demarcación Territorial advierten que la mayoría de estas iniciativas no cumple con estos requisitos.
El país más fragmentado administrativamente de Sudamérica
Diversos organismos internacionales coinciden en que el Perú tiene uno de los sistemas municipales más dispersos de la región. El Banco Mundial señala que “las municipalidades distritales del Perú son de las más pequeñas de Sudamérica”, con una población promedio de 8 mil habitantes, frente a cerca de 20 mil en Argentina y Bolivia, o 26 mil en Brasil y Chile.
El Observatorio Mundial de Finanzas Subnacionales también coincide con esta alta fragmentación y añade que más del 70% de los municipios peruanos tienen menos de 10 mil habitantes, mientras que la OCDE destaca que el Perú es “el único país latinoamericano con dos niveles de gobierno local —provincias y distritos—”. Esa estructura, única en la región, multiplica la burocracia, encarece la gestión y dispersa los recursos públicos.
El costo oculto de la fragmentación
De acuerdo con la Contraloría General de la República, el perjuicio económico por corrupción e inconducta funcional en 2023 alcanzó los S/ 24,268 millones a nivel nacional, y S/ 4,660 millones de ese monto provienen de municipalidades. Es decir, casi una quinta parte de todas las pérdidas del Estado se concentran en gobiernos locales.
Si se reparte esa cifra entre los distritos existentes, el resultado sería un daño promedio de S/ 2,4 millones por distrito, aunque los perjuicios reales se concentran en regiones como Piura, Cusco, Áncash, Callao y La Libertad, donde los montos extrapolados superan los S/ 1,000 millones.
Cabe precisar que cada nuevo distrito implica crear una estructura completa de gobierno local: alcalde, concejo, personal, oficinas, servicios y presupuesto. El gasto corriente se eleva, los fondos de inversión se reducen y la capacidad técnica, ya limitada, se fragmenta aún más.
Expertos alertan sobre una política sin rumbo
El Instituto Peruano de Economía (IPE) sostiene que la proliferación de distritos responde más a presiones políticas y clientelismo que a una verdadera necesidad de descentralización. Muchos proyectos se utilizan como promesas locales o favores electorales. Por su parte, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) insiste en que la demarcación territorial debe formar parte de una política nacional de desarrollo y planificación, no de una agenda política coyuntural.
Aun así, el Congreso continúa aprobando o declarando de interés la creación de nuevos distritos, incluso en zonas donde ya existen municipios vecinos con servicios duplicados. Por ejemplo, en 2022 declaró de interés nacional la creación de 32 nuevos distritos en regiones como Cusco, Puno y Cajamarca, pese a que varios de ellos se ubican muy cerca de municipios ya establecidos.
La paradoja es clara: se crean más distritos en nombre de la “descentralización”, pero se debilita la gestión local y se amplía el margen para el mal uso de fondos públicos. El Congreso debería concentrarse en fiscalizar y fortalecer los municipios existentes antes que multiplicarlos. Sin planificación ni capacidad técnica, la fragmentación administrativa debilita la inversión pública y aumenta el riesgo de corrupción. El Perú no necesita más alcaldes, necesita mejores alcaldes.