Cusco lidera aumento de extorsiones pese a operativos y vigilancia

Cusco enfrenta uno de sus momentos más críticos en materia de inseguridad ciudadana. Entre agosto y septiembre de 2025, las denuncias por robos y extorsiones registraron un incremento sostenido en la región. De acuerdo con cifras del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) del Ministerio del Interior (Mininter), Cusco habría experimentado un aumento cercano al 69 % en denuncias por extorsión, al pasar de 87 casos en 2024 a 147 en 2025. Este crecimiento la ubica entre las seis regiones del país con mayor alza relativa en este tipo de delito.

En paralelo, informes de victimización —como los del Observatorio del Crimen y la Violencia— indican que alrededor del 18 % de la población nacional ha sido víctima de robo en los últimos tres meses, un fenómeno que se acentúa en zonas urbanas como Cusco. Sin embargo, el temor a represalias continúa siendo un obstáculo para la denuncia. Especialistas advierten que las cifras oficiales reflejan sólo una parte del problema, pues muchas víctimas optan por no reportar los hechos ante la falta de garantías y resultados.

Más recursos y control, pero aún con varias deficiencias

El Gobierno Regional de Cusco administró en 2025 un presupuesto institucional cercano a S/ 3,255 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Parte de estos recursos se destinó a fortalecer las funciones de orden público y seguridad ciudadana, en coordinación con el Mininter y los gobiernos locales. En ese marco, se programó la ejecución de 22 proyectos de inversión en comisarías a nivel nacional, incluidas varias en Cusco, junto con la ampliación de operativos policiales, equipamiento logístico y sistemas de videovigilancia en zonas consideradas críticas.

Por su parte, la Contraloría General de la República desplegó desde mayo el operativo “Seguridad Ciudadana 2025” en 22 municipalidades de la región cusqueña, con el objetivo de supervisar el uso de recursos destinados al patrullaje, serenazgo y videovigilancia. Los informes revelaron deficiencias generalizadas: el 16 % de las cámaras de seguridad estaba inoperativo, más del 60 % de los municipios no mantenía conexión con la Policía Nacional del Perú (PNP) ni con la Central 105, y cerca del 70 % carecía de planes de mantenimiento preventivo o correctivo.

Además, la mayoría de gobiernos locales no contaba con personal capacitado ni manuales de operación, y varios equipos de serenazgo o vehículos de patrullaje se encontraban fuera de servicio. Ante este panorama, la Contraloría recomendó a las autoridades municipales de Cusco elaborar planes de mantenimiento, capacitar al personal y asegurar la interconexión con la PNP, así como actualizar sus planes de seguridad ciudadana. Los resultados fueron notificados en agosto, pero aunque las municipalidades deben adoptar las medidas correctivas, aún no se ha publicado un cronograma de cumplimiento a nivel regional.

Medidas focalizadas y nuevos observatorios

El gobierno central y los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (Coresec) impulsan la creación de Observatorios de Seguridad Ciudadana, instrumentos orientados a analizar patrones delictivos y focalizar la intervención en los distritos más vulnerables.

Entre las principales estrategias se incluye el programa “Barrio Seguro”, la descentralización de fondos para fortalecer el serenazgo y la modernización de centros de videovigilancia. No obstante, auditorías recientes revelan la necesidad de renovar equipamiento, mejorar la capacitación del personal y actualizar protocolos de respuesta rápida, especialmente en distritos donde la incidencia delictiva ha crecido en los últimos meses.

A pesar de la inversión y los esfuerzos normativos, la efectividad de las medidas sigue siendo motivo de debate. Históricamente, los estados de emergencia o los refuerzos temporales de patrullaje no han logrado frenar de manera sostenida delitos como la extorsión. Voceros del Mininter reconocen la brecha persistente entre el número de denuncias y las detenciones efectivas, lo que refleja las limitaciones en investigación criminal y coordinación judicial.

Para Camila Costa, directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú, el reto pasa por consolidar una política pública integral, que combine prevención, inteligencia operativa y atención a víctimas, junto con una gestión más transparente del gasto en seguridad ciudadana.