Junín, Cajamarca y La Libertad entre las regiones con mayor sobrecosto en obras públicas

En Huancayo (Junín), la estructura gris del nuevo Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen se ha convertido en un recordatorio visible del rezago en la gestión pública. Iniciada hace más de una década, la obra debía estar al servicio de la población desde hace años, pero hoy sigue inconclusa. Con una inversión que supera los S/ 316 millones y una nueva fecha de entrega fijada para mayo de 2026, este hospital acumula ampliaciones de plazo, trabajos adicionales y deficiencias técnicas que encarecieron su costo original. La Contraloría ha advertido, además, la existencia de más de 5 mil equipos médicos inubicables, valorizados en unos S/ 21 millones, evidencia de un manejo ineficiente de los recursos públicos.

Este no es un caso aislado. Según el informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC), publicado en septiembre de 2025, los retrasos, sobrecostos e incumplimientos en la ejecución de proyectos de inversión pública son una tendencia nacional. El documento revela que el 41% (13 mil 517 proyectos) de las 32 mil 858 obras activas a nivel nacional no reporta avances físicos, mientras que el promedio de retraso supera los 690 días. Además, 13 mil 918 proyectos presentaron un aumento sostenido de costos. Lima, Cajamarca, Junín, La Libertad y Loreto figuran entre las regiones más afectadas, con un 35% de incumplimiento, una variación promedio de costos del 120% y demoras que rondan los 375 días.

En Cajamarca, el Hospital Especializado de EsSalud, ubicado en Huacariz, enfrenta una situación similar. Con una inversión superior a los S/ 537 millones, debía estar concluido a fines de 2024, pero su entrega fue postergada para 2025. El proyecto, que beneficiará a más de 260 mil asegurados, presenta apenas un 55% de avance físico, lo que revela demoras significativas en su ejecución. La obra, concebida como una de las más modernas del norte, se ha visto atrapada en el mismo ciclo de lentitud y falta de eficiencia que afecta a gran parte de la infraestructura pública del país.

La Libertad tampoco escapa a esta realidad. El Proyecto Especial Chavimochic III, destinado a ampliar la frontera agrícola y generar empleo en la costa norte, lleva años paralizado por disputas contractuales y falta de decisiones políticas. La Contraloría reportó un perjuicio económico de S/ 1.5 millones y la existencia de hasta 13 ampliaciones de plazo, lo que ha frenado el desarrollo de miles de hectáreas de cultivos y postergado los beneficios esperados para la región.

Los tres casos —Junín, Cajamarca y La Libertad— condensan el diagnóstico del CPC: una gestión de obras públicas marcada por el incumplimiento, la opacidad y la ineficiencia. Detrás de cada retraso y sobrecosto hay un costo invisible que recae sobre los contribuyentes. El presupuesto de las obras públicas no es dinero del Estado, sino de los contribuyentes. Mientras las inversiones sigan estancadas, los servicios que deberían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos continuarán siendo una promesa incumplida.