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Vacancia de Boluarte: Congreso la declara incapaz frente al alza de la criminalidad
A dos meses de cumplir tres años en el poder, la primera presidenta del Perú fue vacada del cargo entre denuncias, soledad política y una ola criminal fuera de control.
Redacción Vigilante
Publicado 12:30 am, 10 octubre, 2025
Dina Boluarte no cayó por los escándalos políticos ni por los casos de corrupción que la rodearon, sino por aquello que nunca logró controlar: la delincuencia. Su gobierno se desplomó cuando la criminalidad desbordó las calles y el Estado perdió la capacidad de generar seguridad y confianza entre los ciudadanos. Con su salida, el congresista José Jerí se ha convertido en el séptimo presidente del Perú en nueve años: el reflejo de la fragilidad política del país.
Boluarte fue vacada por el Congreso mediante la figura de incapacidad moral permanente, con 121 votos a favor, superando el mínimo necesario —87 votos— para cesar en el cargo. Su gestión será recordada por la parálisis institucional y por haber subestimado el impacto del crimen organizado, que hoy domina territorios enteros en Lima, Callao y regiones del norte.
La inseguridad que empujó la crisis
La caída de Boluarte ocurre en medio de un deterioro alarmante de la seguridad pública.
- En lo que va del año, 180 conductores de autobuses han sido asesinados por negarse a pagar extorsiones.
- En la última madrugada, en Chorrillos, un ataque armado durante un concierto de Agua Marina dejó cinco heridos y 27 casquillos encontrados.
- En Lima y Callao se declaró estado de emergencia durante varios meses tras el asesinato del cantante Paul Flores, de Armonía 10, en marzo de este año.
- En 2024 se registraron más de 22.800 denuncias por extorsión, cuatro veces más que en 2017.
- La percepción de inseguridad alcanza el 87 % a nivel nacional y el 94 % en Lima-Callao, según las últimas encuestas.
La vacancia de Boluarte no resuelve la crisis de inseguridad. El Perú enfrenta una nueva transición en medio del temor, con instituciones debilitadas y una ciudadanía que ya no confía en sus autoridades. El desafío del nuevo gobierno será recuperar la confianza en el Estado. La seguridad no puede seguir siendo una promesa: debe ser la prioridad.