Denuncias por minería ilegal en Perú se triplican en cinco años

El crecimiento de la minería ilegal en Perú quedó en evidencia con el aumento de denuncias registrado en los últimos cinco años. Los casos pasaron de 695 en 2020 a 2,034 en 2024, según el Registro de Empresas Exportadoras de Minería Ilegal del Ministerio Público. Esta cifra no solo refleja una proliferación de operaciones clandestinas en regiones clave como Madre de Dios, Puno y La Libertad, sino que también cuestiona la efectividad de las políticas del Estado para frenar esta actividad.

La minería ilegal, que opera sin permisos ambientales ni laborales, ha convertido vastas áreas del país en zonas de conflicto socioambiental. En Madre de Dios, considerado el epicentro de la crisis, las denuncias se multiplican por el uso de mercurio y cianuro en la extracción de oro, contaminando ríos y suelos. El Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que la minería ilegal provoca pérdidas superiores a los US$ 500 millones anuales entre evasión fiscal y daños ambientales. A este impacto se suma la corrupción: reportes oficiales señalan que existen funcionarios que facilitan el lavado de oro mediante exportaciones fraudulentas, lo que perpetúa un ciclo de impunidad que fortalece a las redes criminales.

Madre de Dios, Puno y Arequipa concentran más denuncias por minería ilegal

Un vistazo al mapa de denuncias revela un panorama inquietante. En 2024, Madre de Dios encabeza la lista con 395 casos, seguida de Puno (222), Arequipa (176) y Cajamarca (97). Estas cifras contrastan con las de 2020, cuando el total nacional era apenas un tercio del actual. El aumento se explica por factores como la pandemia de COVID-19, que empujó a miles hacia la minería informal, y por la débil fiscalización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Policía Nacional. En regiones como La Libertad y Ucayali, las operaciones ilegales han invadido parques nacionales y reservas indígenas, destruyendo biodiversidad y desplazando comunidades. El Estado ha fallado estrepitosamente con operativos como el Plan Mercurio, lanzado en 2019, y que tiene resultados limitados: solo un 10% de las zonas intervenidas muestran recuperación real.

El impacto también alcanza al sector exportador. El Registro de Empresas Exportadoras de Minería Ilegal reportó 1,467 firmas involucradas en 2024, muchas operando desde puertos como el Callao. Según el Minem, hasta el 28% del oro exportado proviene de actividades ilegales, lo que evidencia la infiltración de estas operaciones en cadenas de suministro globales. A ello se suma un marco legal debilitado: la Ley de Formalización Minera de 2012 fue modificada bajo presión del lobby minero, facilitando que la minería ilegal se camufle como “artesanal”.

Las consecuencias sociales son graves. En Puno y Amazonas, comunidades enteras viven con agua y suelos contaminados por metales pesados; las tasas de enfermedades crónicas son 40% más altas que el promedio nacional. En los campamentos mineros, mujeres y niños enfrentan condiciones de explotación laboral y sexual. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas constantes, mientras instituciones como Sunafil piden fortalecer programas de reconversión laboral que ofrezcan alternativas económicas sostenibles. Esto no se trata de una cifra más: es un llamado de atención sobre la magnitud de un problema que afecta al ambiente, la economía y la salud pública en el Perú.