Concesiones mineras y propuestas para formalizar el sector en las regiones del Perú

En un año marcado por el cierre inminente del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a fines de 2025, regiones como Arequipa, Cusco y Pasco enfrentan crecientes tensiones por la superposición de actividades informales en concesiones mineras establecidas. Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), solo en Arequipa se registran más de 10,000 mineros excluidos del Reinfo, mientras que en Cusco y Ayacucho la minería ilegal ha deforestado miles de hectáreas en los últimos meses, exacerbando conflictos sociales y ambientales que limitan inversiones formales. La Asociación de Contribuyentes del Perú advierte que esta informalidad no solo genera pérdidas fiscales estimadas en S/2,000 millones anuales, sino que frena el potencial económico de provincias, donde el canon minero transferido hasta mayo de 2025 alcanzó S/6,982 millones, beneficiando directamente a gobiernos locales en zonas como La Libertad y Junín.

Este escenario urge medidas como el Programa MANA (Minería Alternativa en Nuevas Áreas), propuesto por la Asociación, que busca reubicar mineros informales en zonas no concesionadas para romper el ciclo de invasiones. Mientras tanto, versiones preliminares de una Ley MAPE circulan en el Congreso, con ejes en debate para fortalecer la formalización, aunque aún sin aprobación definitiva. Estas iniciativas podrían transformar la minería en un motor de crecimiento descentralizado, priorizando regiones como Piura y Huánuco, donde la informalidad afecta a miles de familias sin acceso a créditos o tecnología.

La minería sigue siendo clave para el PBI regional: en 2025, contribuye con hasta el 16% nacional, con proyecciones de crecimiento del 3.8% en el sector metálico. Sin embargo, la ilegalidad exporta más de 100 toneladas de oro al año, valoradas en US$12,000 millones, concentrándose en áreas como Huánuco, donde la deforestación por minería ilegal superó las 1,000 hectáreas en el último semestre. En Pasco y Junín, focos de producción de zinc y plomo, la informalidad involucra a entre 300,000 y 500,000 personas a nivel nacional, muchas operando en concesiones ajenas, lo que genera disputas y reduce el canon efectivo para comunidades.

Concesiones mineras: el eje de los conflictos regionales

En medio de estos desafíos, las concesiones mineras emergen como el núcleo de las disputas en las regiones: el problema de la superposición de suelos. Se trata de derechos administrativos otorgados por el Estado a través del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), que permiten a personas o empresas explorar y explotar minerales en áreas específicas. El proceso inicia con un petitorio —un trámite que incluye coordenadas geográficas y tasas iniciales— y culmina en una concesión indefinida, condicionada al pago anual de vigencia (US$3 a US$30 por hectárea) y al cumplimiento de normas ambientales y productivas.

Pero en la práctica, como destacan expertos del sector, estas concesiones no siempre traducen en operaciones activas. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) en su análisis de 2024, actualizado con datos de 2025, el 59% del territorio nacional es concesionable para minería, mientras que el 41% está restringido por áreas protegidas, concesiones forestales o reservas indígenas. De ese 59%, solo el 15% (alrededor de 19.9 millones de hectáreas) está concesionado, dejando un 44% disponible sin actividad. En regiones específicas, como Arequipa —con 1,547 concesiones y 6,089 derechos mineros vigentes—, el porcentaje concesionado alcanza el 20% del territorio regional, pero solo el 1.5% opera activamente. En Cusco, con 166 nuevas concesiones en 2025, y Pasco, donde las concesiones cubren hasta el 25% del suelo, la superposición es común: el 93% de mineros en Reinfo operan en áreas ajenas, según Minem.

¿Por qué persiste esta invasión? Principalmente, porque pequeños mineros en regiones como Ayacucho o Huancavelica carecen de capital y expertise para explorar nuevos yacimientos, optando por instalarse en concesiones probadas donde hay certeza de minerales. Esto no solo viola derechos formales, sino que genera pérdidas: en La Libertad, con alto potencial en oro, la informalidad ha invadido proyectos clave, afectando el canon que superó S/1,000 millones acumulados en 2025. En Piura y San Martín, aunque con menor concesionamiento (alrededor del 5-10% del territorio), la ilegalidad en ríos y bosques amazónicos amenaza biodiversidad y economías locales alternativas.

Estas concesiones implican obligaciones estrictas, como estándares laborales y tributarios, pero su incumplimiento en contextos informales agrava problemas. En Junín y Huánuco, donde concesiones abarcan el 15-20% regional, la formalización podría generar 50,000 empleos adicionales, complementando los 256,000 puestos directos del sector en junio de 2025.

Propuestas para ordenar la minería en provincias

Para abordar esto, la Asociación de Contribuyentes del Perú impulsa el Programa MANA, enfocado en reubicar mineros informales a áreas no concesionadas. Sus ejes clave incluyen eliminar el Reinfo, mapear zonas aptas con inteligencia artificial vía Ingemmet, y crear el Fondo Nacional de Exploración Básica (Fonexplo), que subsidiaría hasta el 70% de costos con canon minero y cooperación internacional. Esto facilitaría traslados voluntarios a regiones como Cusco o Huánuco, con derechos exclusivos temporales, permisos simplificados y soporte técnico en ventanillas únicas, fomentando cadenas productivas locales.

Complementariamente, versiones en discusión de la Ley MAPE —aún no aprobada y con varias propuestas circulando en el Congreso— podrían incorporar ejes como trazabilidad mineral en tiempo real vía Sipmma, control de insumos químicos, reformas en concesiones con penalidades escalonadas, incentivos tributarios por contratos mínimos de cinco años, y fondos para asistencia técnica. Aunque algunos de los 12 ejes iniciales propuestos, como interoperabilidad entre Minem y Sunat, siguen en debate sin confirmación final, el enfoque busca ordenar sin expandir la artesanalidad.

En Arequipa, con más de 27,000 registros informales compartidos con Cusco, la formalización podría recuperar áreas degradadas y potenciar agricultura complementaria. En Pasco y Ayacucho, donde la minería ilegal de cobre avanza, operaciones legales evitarían disputas y maximizarían canon, que en Cusco superó S/800 millones en transferencias hasta abril de 2025.

Implementar estas ideas requiere consenso, pero podría descentralizar el crecimiento, reduciendo la brecha con Lima y fortaleciendo economías regionales inclusivas.