TC admite demanda competencial y ordena suspensión de investigaciones a Dina Boluarte

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo y dispuso suspender las investigaciones en curso contra la presidenta Dina Boluarte hasta que termine su mandato, previsto para el 28 de julio de 2026. Esta decisión afecta a al menos siete procesos fiscales en curso, relacionados a casos como el denominado «Rolex», el «cofre presidencial» y las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

El fallo del TC señala que la inmunidad presidencial es «estrictamente necesaria» para garantizar el adecuado ejercicio del cargo y que solo se pueden iniciar procesos penales contra el mandatario en ejercicio después de un antejuicio político en el Congreso y una resolución acusatoria de contenido penal. Indica, además, que las disposiciones fiscales y la resolución judicial vinculadas a los tres casos mencionados arriba han menoscabado «la competencia» de la jefa de Estado.

El TC advirtió que una interpretación contraria a lo que establece el artículo 117 de la Constitución —que regula el antejuicio político— «transgrediría el principio de corrección funcional y vaciaría de contenido las prerrogativas constitucionales» de la Presidencia. Con estos argumentos, declara fundada la demanda competencial a favor de Dina Boluarte y en contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Boluarte acumula siete investigaciones fiscales

A poco menos de un año de terminar su mandato, Dina Boluarte acumula siete procesos en la Fiscalía por los presuntos delitos de omisión de funciones y abandono del cargo por su cirugía estética; encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón; colusión agravada en el caso Qali Warma.

1. Omisión de funciones y abandono del cargo por cirugía estética: La Fiscalía investiga su falta de notificación oficial durante su convalecencia tras varias cirugías en junio–julio de 2023, lo que podría constituir omisión de funciones o abandono del cargo.

2. Encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón (Caso “Cofre presidencial”): Se le atribuye haber usado el vehículo oficial para transportar al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, lo cual se investiga por encubrimiento y obstrucción a la justicia.

3. Muertes y lesiones durante protestas sociales (diciembre 2022–febrero 2023): Se le imputa responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas del orden, resultando en 75 personas lesionadas y varios fallecidos.

4. Colusión agravada en el caso Qali Warma: Se la investiga por favorecer irregularmente a un proveedor amigo durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, relacionado con el programa escolar Qali Warma.

5. Enriquecimiento ilícito agravado y omisión de declaración de bienes (incluido “Rolexgate”): Se investiga un presunto aumento patrimonial injustificado entre 2021 y 2024 y no declarar joyas y relojes de lujo como Rolex en sus declaraciones juradas.

6. Reuniones secretas con la exfiscal Patricia Benavides: Basadas en testimonios, se indaga un posible intercambio de beneficios con la exfiscal, que incluiría acuerdos para mantener en el cargo a ciertos mandos policiales.

7. Desactivación del Equipo Especial de la Policía contra Corrupción (EFICCOP): Se cuestiona la medida de cerrar este grupo que apoyaba en investigaciones anticorrupción; se investiga por supuestos actos de encubrimiento personal y abuso de autoridad.

Al suspenderse los procesos hasta 2026, Boluarte gana tiempo y margen político en medio de un escenario de creciente desconfianza ciudadana. Sin embargo, la decisión también abre interrogantes: ¿se garantiza realmente la estabilidad institucional o se crea un precedente que permite que un presidente, bajo el amparo de la inmunidad, utilice ese periodo como un respiro para evadir la justicia? La pregunta que queda flotando es si este blindaje podría convertirse en una puerta para la impunidad o, incluso, facilitar una eventual fuga cuando deje el cargo.