Minería Informal en Perú: Estado débil, burocracia y pérdidas para el desarrollo

El gobierno peruano ha demostrado una vez más su incapacidad para resolver problemas estructurales con agilidad y eficiencia. La depuración del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que eliminó a más de 50 mil mineros inactivos, fue un paso técnicamente correcto, pero insuficiente. El problema de fondo persiste: un Estado lento, con trámites engorrosos y sin incentivos reales para que los pequeños mineros opten por la formalidad.

Diálogo sin soluciones: el riesgo de la intervención estatal mal diseñada

El gobierno instaló una mesa de trabajo con el Congreso y representantes de la minería artesanal (MAPE), pero lo que prometía ser un espacio de solución se ha convertido en otro círculo de debates infinitos. Mientras la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú – Confemin, que asocia a los mineros informales, exige una «ley definitiva» que muchos interpretan como un intento de amnistía encubierta, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – SNMPE reclama apego al marco legal actual y soluciones técnicas sin sesgos políticos.

El peligro es doble: una ley mal redactada podría blindar la informalidad dándole rango legal, mientras que la eterna postergación mantiene el caos actual. El verdadero desafío -diseñar un régimen transitorio que formalice sin paralizar la producción- queda enterrado bajo la habitual estrategia gubernamental de ganar tiempo y evitar decisiones impopulares. Peor aún: el ejecutivo parece más interesado en repartir concesiones políticas que en resolver el nudo crítico -la superposición de derechos sobre la tierra- que ahuyenta inversiones formales. Mientras tanto, la ventana para ordenar el sector se cierra día a día.

Al referirse a la medida, la Asociación de Contribuyentes del Perú ( ACP) reconoció como acertada la depuración del Reinfo, pero criticó la falta de una estrategia integral de formalización. «Eliminar registros fantasmas era necesario, pero el gobierno desperdició la oportunidad de acompañarlo con reformas estructurales», señaló su presidente José Ignacio Beteta.

«En lugar de implementar facilidades tributarias, ventanillas únicas o acceso a créditos -herramientas que realmente motivarían la formalización- se mantiene el mismo laberinto burocrático que castiga a los cumplidos y premia a los informales«, agregó el representante de la ACP. Según su análisis, esta omisión refleja un problema mayor: un Estado que multiplica regulaciones pero falla en crear incentivos reales de mercado para la transición hacia la legalidad.

Programa MANA contra la minería informal

Frente a este escenario, la ACP propone el Programa MANA, que habilita nuevas zonas mineras fuera de concesiones para que los mineros artesanales operen legalmente con apoyo técnico y financiero. Su eje es el Fondo Nacional de Exploración Básica (FONEXPLO), inspirado en el modelo canadiense Flow-Through Shares, que cubriría hasta el 70% de los costos de exploración inicial para facilitar su traslado voluntario a áreas no concesionadas.

El plan plantea eliminar el Reinfo, habilitar zonas para minería artesanal fuera de concesiones mediante mapeo geológico con tecnología satelital e inteligencia artificial a cargo del INGEMMET y permitir, de forma transitoria, que quienes tengan contratos vigentes operen y migren al nuevo sistema. Propone además derechos temporales de explotación sujetos a estándares técnicos, ambientales y tributarios, junto con acompañamiento técnico y simplificación regulatoria mediante ventanillas únicas y protocolos diferenciados.

Consecuencias: mercado distorsionado y costo para la sociedad

La minería informal no solo evade impuestos, sino que distorsiona el mercado, compitiendo deslealmente con empresas formales que sí cumplen normas laborales y ambientales, explica Camila Costa, directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú. En tanto, las comunidades sufren por la contaminación y la inseguridad jurídica, el Estado pierde recaudación, obligando a aumentar presión fiscal sobre otros sectores y la inversión privada se frena ante la falta de reglas claras.

La minería informal es solo un síntoma de un problema mayor: “un Estado que, en lugar de facilitar la formalización con reglas claras y menos trámites, prefiere el camino fácil de la negociación política y la ambigüedad”, sostiene Costa. Además, agrega: “si el gobierno realmente quiere resolver este conflicto, debe optar por la subsidiariedad—dejar que el mercado funcione con incentivos reales—y enfocarse en su rol esencial: hacer cumplir la ley sin excepciones”.

Mientras tanto, el Perú sigue perdiendo empleos formales, inversión y recursos naturales, pagando el precio de una burocracia que todo lo entorpece y un liderazgo que no decide. La pregunta queda en el aire: ¿cuánto más tendrán que esperar las regiones mineras —y el país— para que el Estado deje de ser parte del problema y se convierta en la solución?