Afiliaciones sin consentimiento: el fraude silencioso que amenaza las elecciones 2026

Estamos a menos de un año de las elecciones de 2026. No solo la proliferación de partidos políticos -43 según el JNE- ha marcado uno de los primeros problemas para los próximos comicios, también las afiliaciones sin consentimiento de miles de ciudadanos a agrupaciones políticas.

Decenas de ciudadanos han denunciado públicamente que fueron inscritos en partidos políticos sin su consentimiento. En algunos casos, incluso se han presentado miles de firmas falsas como parte del proceso de inscripción de nuevas agrupaciones. La situación ha expuesto debilidades institucionales en los mecanismos de validación, protección de datos y fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Todo empezó en las redes sociales. Cientos de ciudadanos denunciaron figurar como inscritos en partidos políticos, pese a no haberse afiliado en ningún momento. José Antonio Aparicio y Jorge Ballón reportaron haber sido afiliados sin autorización a partidos como Nueva Gente. Estas denuncias reflejan una práctica sistemática: el uso indebido de datos personales para inflar padrones de afiliación.

Inmediatamente las alarmas se encendieron y las denuncias masivas no se hicieron esperar. Días después, la RENIEC dio a conocer que 32 de los 43 partidos en proceso de inscripción presentaron observaciones por irregularidades en las firmas. En particular, el partido Nueva Gente registró 32,500 firmas falsas, lo que equivale al 49% del total presentado. Otras agrupaciones como Perú Moderno y PRIN también superan las 10 mil observaciones.

A la fecha, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que se han interpuesto 159 denuncias ante el Ministerio Público por estos casos. ¿Qué sanciones se deberían aplicar a los partidos que incurrieron en esta grave falta? ¿Acaso se deben pasear por el proceso electoral como si fueran santos políticos? El abogado Enrique Ghersi argumenta que, según el artículo 181 de la Constitución, el JNE puede actuar con criterio de conciencia ante vacíos legales o situaciones irregulares. Esto implicaría la posibilidad de inhabilitar a partidos cuyos procesos de inscripción se hayan sustentado en fraude.

“No cabe duda que un jurado debe tomar en consideración la ley, pero también debe actuar con conciencia frente a los vacíos y lagunas del sistema”, declaró Ghersi.

En una columna reciente, el presidente de PERUCÁMARAS, Óscar Zapata, advirtió que la inscripción fraudulenta de partidos “socava los cimientos de la democracia” y que debe ser sancionada penal y administrativamente.

Para Zapata, este tipo de hechos no puede quedar impune. Propone que cualquier inscripción partidaria obtenida mediante engaño o falsificación debe ser anulada de pleno derecho y sus responsables sancionados con todo el rigor penal y administrativo que la ley permite. Pero más allá del castigo, insiste en que el país necesita cambios estructurales que prevengan la repetición de estos casos.

Entre sus planteamientos destaca la implementación obligatoria de un sistema de validación digital basado en autenticación biométrica y códigos únicos vinculados al DNI, con el objetivo de garantizar que cada afiliación sea voluntaria y verificable. Este sistema no solo permitiría validar en tiempo real el consentimiento de los ciudadanos, sino que también fortalecería la transparencia del padrón electoral.

“El país no puede permitir que quienes han defraudado al electorado pretendan representarlo”, advierte Zapata, subrayando que el JNE tiene una responsabilidad histórica en garantizar la integridad del proceso electoral.

El escándalo de afiliaciones indebidas marca un punto de quiebre en la credibilidad del sistema electoral. La magnitud del problema exige no solo sanciones ejemplares, sino una reforma estructural del proceso de afiliación política. De no corregirse, este fenómeno podría poner en riesgo la legitimidad de los próximos comicios y la confianza ciudadana en la democracia.