Minería ilegal: nadie quiere ver la salida, por José Ignacio Beteta

El 26 de abril 13 trabajadores mineros fueron secuestrados por una banda criminal. Tras siete días de desesperación, estos fueron hallados sin vida en un socavón, culminando así otro episodio terrorífico más de esta película en la que sicarios, extorsionadores y asesinos han tomado el país sin que nadie los detenga. Aún así, la respuesta de los actores involucrados no sale de los mismos esquemas fallidos.

La empresa privada y sus voceros vuelven a satanizar el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera). El Estado suspende la actividad minera en Pataz. Y los estados de emergencia dejan de ser un “estado” y pierden su cualidad de “emergencia”. Y nada de esto sirve. ¿Cómo salimos de esta situación? Intentemos escapar del análisis rápido un momento.

Primero. El oro no deja de tocar picos de precios muy altos desde la pandemia. Y este no es un dato menor. En la pandemia los niveles de pobreza en Perú retrocedieron al 2010 y en zonas mineras era evidente que la primera fuente de recursos sería la extracción informal de metales. Cuando un mercado es tan rentable, no hay SUNAT, militar, policía, ley MAPE o suspensión que valga. Es un problema económico que nadie aborda desde un punto de vista económico.

Segundo. Es cierto que ni los REINFO ni los ilegales son víctimas ni pobres. Sin embargo, los que existían antes de la pandemia tenían una relación ya distorsionada con las empresas titulares de las concesiones en las que operaban. Muchos argumentaban que operaban antes que las concesiones y eran propietarios legítimos de esas tierras. Otros se quejaban de que operaban en zonas que la gran minería no había explotado por décadas. Concesiones ociosas las llamaban. Estemos de acuerdo o no con estos argumentos, ambas minerías -concesiones y REINFO- convivieron décadas y una relación así de compleja no se termina al caballazo.

Tercero. Pensemos en la gran minería. Esta aporta muchísimos recursos en impuestos pero también en canon, sobrecanon y regalías. Con toda razón puede quejarse de una inaceptable competencia desleal. Tiene que realizar más de 200 trámites con casi 30 entidades del Estado, mientras que un REINFO apenas y paga un porcentaje infantil de impuestos.

Para la gran o mediana minería formal el incentivo económico mencionado líneas arriba es el mismo. Sube el precio del oro y se encuentra con cientos de “invasores” en su operación. Unos más cerca, otros más lejos. Entonces, en el afán legítimo pero coyuntural de seguir expandiéndose, se empeña en eliminar a todos los REINFO superpuestos en sus concesiones, sin distinción, combatiendo a quienes podrían ser sus aliados, mientras los verdaderos delincuentes siguen creciendo.

Cuarto. La mayoría de gremios que representan a los mineros informales son inmediatistas y no les interesa solucionar este grave problema. Son unos pocos bien intencionados y muchos con pésimas intenciones. Los REINFO en vías de formalización que cumplen y quieren cumplir con los estándares adecuados deben distanciarse de esa maraña masiva de operadores ilegales y oportunistas.

¿Conclusiones? Estamos frente a un problema público. El Estado no existe para defender a uno u otro involucrado. El Estado está para unir a las partes que tienen algo en común y combatir a los criminales. Suspender la actividad minera, eliminar el REINFO o declarar más estados de emergencia dejaron de ser objetivos sensatos.

La Asociación de Contribuyentes tiene una opinión poco popular pero a mi parecer interesante: si le das estabilidad y seguridad a un número relevante de mineros REINFO, bajo ciertas condiciones específicas, separas la paja del trigo, y generas un bloque contra la minería ilegal. Esta medida debe ser acompañada rápidamente de incentivos y compensaciones a la gran minería por permitir que operen otros mineros en sus concesiones. Es el único camino que veo para salir de este pantano. Ojalá la vida de estos 13 peruanos los lleve a buscar un nuevo camino para la minería.