Petroperú: un pozo sin fondo que le cuesta millones al país

El ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, anunció un shock económico: un paquete de medidas destinadas a dinamizar la inversión privada y reactivar la economía del país. Entre las principales propuestas del shock, está la reforma al sistema de Alianzas Pública-Privadas (APP), reducción de la excesiva burocracia que afecta a pequeñas empresas y la reducción del déficit fiscal, además de la derogación del suspendido decreto que prohíbe la tercerización.

En el papel, la propuesta es alentadora, pero mientras se intenta recuperar la confianza de los mercados, el Estado sigue sosteniendo -con dinero de los contribuyentes- una empresa que a todas luces está al borde del colapso: Petroperú.

¿NI UN SOL MÁS?

En febrero de 2025, Salardi afirmó “Yo he sido bien claro: no va haber un sol para Petroperú”, sin embargo la afirmación escapó de la realidad. En una reciente entrevista para diario Correo, Luis Miguel Castillo, ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reveló que el MEF estaría a punto de aprobar un nuevo apoyo económico a la estatal, a través de una capitalización de un porcentaje de la deuda de la empresa.

¿Por qué seguir sosteniendo una empresa que le cuesta millones de soles al país? ¿Es justo que el dinero de los contribuyentes se use para respaldar una entidad al borde del colapso? En el primer trimestre de 2025 Petroperú registró pérdidas por US$111 millones de dólares -86% más que en el trimestre anterior-. Con estas cifras, el optimismo de Alejandro Narváez, actual presidente de la estatal, quien aseguró que podían cumplir tranquilamente sus obligaciones, quedó completamente desmentido por la realidad: una gestión ineficiente y financieramente inviable.

En los últimos años, Petro-Perú se convirtió en un agujero negro que absorbe los recursos del Estado, por ende, el de todos los contribuyentes. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), Petroperú capitalizó más de S/ 6 mil millones en préstamos, lo que elevó el apoyo financiero estatal a más de S/ 24 mil millones. Con esos recursos se podrían haber construido 100 colegios de alto rendimiento y 40 hospitales para los peruanos más pobres. Pero mientras el país enfrenta brechas estructurales urgentes, el Estado insiste en sostener una entidad cuya ineficiencia crónica mina la confianza ciudadana.

Y no se trata solo de una crisis financiera: es también una crisis institucional. Desde el año 2020, Petroperú ha tenido cinco presidentes. La alta rotación en su liderazgo refleja la inestabilidad interna y la falta de dirección estratégica. A esto se suma el incumplimiento de compromisos básicos, como la reducción del gasto en un 30% o la contratación de una empresa especializada para su dirección, exigencias incluidas en el Decreto de Urgencia N.° 013-2024, que otorgó una línea de crédito de US$500 millones. ¿De dónde salió ese dinero? De los contribuyentes, una vez más.

En medio de un fallido shock económico, Salardi se encuentra en medio de una encrucijada ocasionada por la ineficiente gestión de gobiernos anteriores sobre la situación de la estatal: ¿Qué hacer con Petroperú? Esa es la difícil -aunque clara por las cifras- respuesta que deberá responder Salardi. Mientras tanto, el mismo estado en el que trabaja le niega la posibilidad de cumplir el propósito que se puso al iniciar su gestión: destrabar la inversión y desregular la economía.