Asesinato de 13 mineros en Pataz expone fallas en el sistema de formalización – REINFO


El 26 de abril 13 trabajadores mineros fueron secuestrados por una banda criminal liderada aparentemente por Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”. Tras siete días de desesperación por parte de los familiares, se dio a conocer que los 13 mineros fueron hallados sin vida en un socavón.
Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la minera Poderosa, recalcó que Pataz vive bajo el asedio de la minería ilegal y que, muchos de ellos están inscritos en el REINFO. “En esta zona hay presencia de mineros informales e ilegales protegidos por el REINFO, por aquellos que apoyaron una ampliación. Hay un asedio en Pataz para tomar el control de la misma”, detalló.
Sin embargo, el problema es mucho más complejo. Si bien es cierto, el REINFO ha servido para encubrir a mineros ilegales e incluso a mafias criminales, existen miles de mineros dentro de este sistema que cumplen con la normativa e incluso preexisten a concesiones mineras en diversas regiones. Aunque sean pocos, según José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes (ACP), la única forma de derrotar la minera ilegal es poniendo a los REINFO con intenciones de formalizarse en contra de ella, dándoles estabilidad, títulos habilitantes permanentes y predictibilidad. Además, las concesiones deben recibir una serie de beneficios por permitir que mineros ancestrales o REINFO coexistan en concesiones formales.
La solución implica un punto medio que las partes involucradas no parecen ver, pero resulta ser la única salida, según el especialista en políticas públicas y asuntos sociales.
¿QUÉ SALIÓ MAL?
De acuerdo con Diego Gomez, abogado principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), en el REINFO, “no se crearon los incentivos correctos para promover la formalización de los pequeños mineros, más bien todo lo contrario, fomentó que la gran mayoría funcionen al margen de la ley”.
Tras siete años de funcionamiento, el principal problema es la eficiencia del REINFO para formalizar a miles de mineros. Desde que entró en funcionamiento este registro, hasta la fecha, se consignó un total de 83,637 mineros inscritos. En cifras más claras, del total de mineros inscritos, el 76.14% (63,677) figuran con licencia suspendida y solo el 23.86% cuentan con licencia vigente. Del total de mineros con licencia vigente, solo un 2% logró formalizarse. Este panorama reveló que la mayoría de mineros inscritos están muy alejados del proceso de formalización.
UN PUNTO MEDIO PARA ABRIR CAMINO A LA FORMALIZACIÓN
El REINFO, en el fondo, tuvo la buena intención de iniciar un proceso de formalización de un sector golpeado por la sombra de lo ilegal. Sin embargo, en la práctica fracasó. La solución es crear un sistema con reglas claras, apoyo real a los mineros que quieren formalizarse y sanciones severas para quienes usan la informalidad como fachada del crimen, pero esta solución siempre implicó que diversas concesiones mineras cedan parte de sus derechos adquiridos y este debate nunca se puso en la mesa. Con el auge del precio del oro luego de la pandemia del COVID, era evidente que miles de familias iban a depositar sus expectativas en una actividad económica sumamente rentable.
Una propuesta técnica, desarrollada por la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), señaló que hay un factor importante que se está pasando por alto: la existencia de mineros ancestrales (denominación propuesta por la asociación), o REINFO que cumplen con diversos requisitos básicos, quienes explotan recursos en tierras que se superponen con concesiones mineras formales (pero que no son materia de explotación minera activa).
ACP planteó que estos mineros puedan formalizar su situación mediante el cumplimiento de ciertos criterios tales como: regularización tributaria, acreditación de propiedad o posesión, contar con un instrumento ambiental y suscripción de contratos con el concesionario minero. Una clave de esta propuesta es que no solo se pone énfasis en reconocer a los mineros ancestrales, sino también se proponen incentivos para los concesionarios mineros formales, con el objetivo de evitar conflictos y fomentar la cooperación.
La formalización minera no puede seguir siendo una promesa pendiente; debe convertirse en una política efectiva, técnica y con rostro humano, capaz de proteger vidas, recuperar el orden y promover desarrollo en zonas vulnerables como Pataz.
