Formalización minera: propuestas que buscan nuevas rutas para enfrentar el avance de la minería ilegal

La minería ilegal se convirtió en una de las mayores amenazas para el país. De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal significa un costo para el país de S/ 22,700 millones, lo que representa el 2.5% del PBI. Además, en 2023, esta actividad ilegal generó ganancias por encima de los $8 millones. Este fuerte poder económico permite a la minería ilegal actuar como una especie de Estado paralelo, corrompiendo instituciones y autoridades.

La situación ambiental tampoco da tregua, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en 2022, la deforestación por minería ilegal alcanzó 312 hectáreas de bosque. Además, la misma institución reveló que el impacto socioambiental, generado por esta práctica, alcanzó los $250 millones.

PROPUESTAS SIN RUMBO FIJO

Pese a que la minería ilegal va ganando terreno, los esfuerzos normativos por parte del Estado parecen ir varios pasos detrás. En primer lugar, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un mecanismo que busca integrar a pequeños mineros y mineros artesanales al sistema formal, no fue del todo eficaz. Aunque el REINFO buscaba ser una herramienta para acercar a este grupo de mineros a la formalización, en realidad terminó generando impunidad, pues estos registros quedaron absueltos de responsabilidad penal. Si bien muchos mineros sí se acogieron a este mecanismo con la intención de formalizarse, también hay muchos otros que viven de ello y protegen sus propios intereses.

De acuerdo con Diego Gomez, abogado principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), en el REINFO, “no se crearon los incentivos correctos para promover la formalización de los pequeños mineros, más bien todo lo contrario, fomentó que la gran mayoría funcionen al margen de la ley”.

Una nueva apuesta del Ejecutivo es la Ley MAPE, que plantea autorizar a pequeños mineros informales y/o artesanales a operar en zonas especiales designadas por el Ministerio de Energía y Minas, o a través de contratos de explotación con concesionarios formales. El objetivo de esta norma es promover un modelo sostenible en aspectos sociales, económicos y ambientales.

UN PUNTO MEDIO PARA ABRIR CAMINO A LA FORMALIZACIÓN

No obstante, una propuesta técnica, desarrollada por la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), señaló que hay un factor importante que se está pasando por alto: la existencia de mineros ancestrales (denominación propuesta por la asociación), quienes explotan recursos en tierras que se superponen con concesiones mineras formales (pero que no son materia de explotación minera activa). 

ACP planteó que estos mineros puedan formalizar su situación mediante el cumplimiento de ciertos criterios tales como: regularización tributaria, acreditación de propiedad o posesión, contar con un instrumento ambiental y suscripción de contratos con el concesionario minero. Una clave de esta propuesta es que no solo se pone énfasis en reconocer a los mineros ancestrales, sino también se proponen incentivos para los concesionarios mineros formales, con el objetivo de evitar conflictos y fomentar la cooperación.