¿Se estarían cometiendo excesos en el Caso Cócteles?

Uno de los casos de corrupción más conocidos a nivel nacional es el caso Cócteles, debido a que no solo involucra a la lideresa del partido Fuerza Popular, sino también a varios empresarios que financiaron la campaña política de dicha organización. La tesis fiscal intenta imputar a los implicados en el caso los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Un análisis del abogado principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú, Diego Gómez, señaló que no ha sido posible probar el “delito fuente” (para el caso de lavado de activos) que sindica a los involucrados en supuestos actos de corrupción, debido a que, en ese momento, se desconocía sobre las acciones ilícitas de Odebrecht. El jurista indicó también que, si bien ahora califica como delito el financiamiento ilegal de campañas, ello no calificaba como tal en el año 2011.

A esto se suma el supuesto delito de lavado de activos por Dionisio Romero. Se acusa al empresario de destinar fondos del Grupo Credicorp, sin autorización, para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori. No obstante, la información pública del caso revela que, para ese momento, el Grupo Romero cotizaba en la bolsa de Nueva York, la cual impone requisitos diferentes a la regulación peruana para transferir fondos. Tal y como se mencionó, no es posible probar la comisión de un delito de fraude en la administración de personas jurídicas (como delito fuente en el lavado de activos) si el implicado demuestra haber seguido los procesos estipulados por la jurisdicción a la que pertenece.

“En efecto, las denuncias sobre lavado de activos contra los empresarios no tienen sustento alguno. En todo caso, hacer uso de dinero de sus empresas como aportes para campañas políticas no suponía un delito. El fiscal viene tratando de sustentar el lavado de activos en los aportes de campaña, pero sobre los delitos fuente como corrupción (para Odebrecht) nadie conocía sobre el origen ilícito del dinero (Odebrecht), y el fraude en la administración de persona jurídicas (empresarios) no se ha podido probar” sentenció.

Pese a que el fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, aseguró no tener un sesgo ideológico para analizar los hechos, hay quienes afirman que las investigaciones ya perdieron objetividad, por lo cual el Estado debería dejar de invertir fondos, provenientes del bolsillo de los contribuyentes, si no se obtienen resultados.

El especialista cuestionó el accionar de Perez, debido a que “más allá de no haber expuesto pruebas suficientes contra la gran mayoría de imputados, ha venido teniendo una conducta bastante cuestionable, habiendo evidenciado en algunas audiencias una clara postura política contra el fujimorismo, y con un claro sesgo ideológico”.