Caso Cócteles: ¿por qué se investiga a Fuerza Popular?

Una de las investigaciones por corrupción más populares en Perú es el Caso Cócteles, el cual involucra al partido político Fuerza Popular, su lideresa Keiko Fujimori y financistas privados que donaron fondos a la agrupación. Si bien este caso fue abierto hace varios años y le imputa a los implicados delitos como lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, diversos expertos cuestionan los mecanismos de investigación y la viabilidad para juzgar dichos delitos.

Un informe de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), a cargo de su abogado principal, Diego Gómez, determinó que, aparentemente, en este caso existe un evidente abuso en cuanto a la denuncia interpuesta contra varios empresarios privados, a los cuales no se les ha podido probar absolutamente nada. “En efecto, las denuncias sobre lavado de activos contra los empresarios no tienen sustento alguno. En todo caso, hacer uso de dinero de sus empresas como aportes para campañas políticas no suponía un delito”, mencionó Gómez.

Además, tal y como explicó el jurista, “uno de los miembros del Equipo Especial Lava Jato (el Fiscal José Domingo Pérez), más allá de no haber expuesto pruebas suficientes contra la gran mayoría de imputados, ha venido teniendo una conducta bastante cuestionable, habiendo evidenciado en algunas audiencias una clara postura política contra el fujimorismo, y con un claro sesgo ideológico”.

Por otro lado, el abogado penalista Carlos Caro también se pronunció respecto a que el Fiscal Perez impute el delito de obstrucción a la justicia sobre una investigación que está a su cargo, debido a esto genera una falta de objetividad. “El TC declaró fundado el amparo porque la Fiscalía vulneró la garantía de objetividad. Se imputa a Oré Guardia presuntos actos de obstrucción a la justicia en agravio del propio fiscal que lo investiga, dicho fiscal no puede ser el agraviado, denunciante, testigo, investigador y acusador del mismo caso. La objetividad prohíbe que el fiscal posea un conocimiento personal, directo y previo relativo a los hechos que son puestos a su consideración para que valore su relevancia jurídico–penal”, sentenció.