Burocracia estatal y la paralización de proyectos mineros: ¿qué está pasando en Perú?

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), a julio de 2023, 23 de los 46 proyectos mineros en cartera, valorizados en US$ 30 mil millones, enfrentan retrasos por razones ajenas a la empresa. Estos representan el 55% de la inversión total que podría impulsar el desarrollo del país en el sector minero. La producción anual de los 23 proyectos retrasados supera los S/ 46 mil millones y hubiese incrementado la producción de cobre en 84% y la de oro en 33%.

Entre 2008 y 2022 (14 años), la inversión no ejecutada y producción perdida superaron los S/ 400 mil millones. Para la fase de producción, se estima que por cada S/1,000 de exportaciones mineras, el PBI peruano crece en S/1,464 y se recaudan S/241 en impuestos. Asimismo, por cada puesto de trabajo directo, se generan 8 empleos indirectos.

La no ejecución de proyectos mineros por razones ajenas a la voluntad de la empresa significó una pérdida total del PBI de casi S/ 700 mil millones. Si estos proyectos se ejecutaban, 1.7 millones de personas hubieran dejado de ser pobres monetariamente durante 2022.

La excesiva tramitología minera es una de las principales causas por la que estos proyectos mineros no se ejecutaron durante los últimos años. Según un estudio del IPE, una empresa minera requiere de 232 procedimientos administrativos. Estos trámites pueden tardar entre 6 a 7 años en ser aprobados. Esto provocó que, entre febrero de 2022 y 2024, 49 de 55 proyectos salieron de la Cartera de proyectos de Exploración Minera (CPEM).