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¿Fraude electoral en las elecciones 2021?: los detalles que debes saber

De acuerdo con Punto Final, el exasesor Salatiel Marrufo habría mencionado en su testimonio ante la Fiscalía que Dina Boluarte envió a José Medina y Alejandro Sanchez a realizar acuerdos irregulares con miembros del Jurado Nacional de Elecciones a fin de evitar que se impugnen 800 actas electorales durante la segunda vuelta electoral 2021.
Gabriela Llontop Publicado 3:12 pm, 24 junio, 2024

Las declaraciones del colaborador eficaz Salatiel Marrufo serían pieza clave para entender qué sucedió durante la segunda vuelta electoral 2021. Según el dominical Punto Final, Marrufo declaró ante el Ministerio Público, en mayo de 2023, que Dina Boluarte ordenó a 2 de sus allegados que realicen acuerdos irregulares con Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar, magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para impedir que prospere la impugnación de 800 actas electorales realizada por Fuerza Popular. Estas declaraciones fueron ratificadas el 17 de abril de 2024.

Ambos personajes son miembros del Pleno del JNE, el órgano más importante de la institución, debido a que es el encargado de tomar decisiones cruciales antes, durante y después de cada proceso electoral. El testimonio de Marrufo señaló a José Medina Guerrero, exalcalde de Anguía que hoy está en la cárcel y en medio de una investigación judicial, y Alejandro Sánchez Sánchez, financista de la campaña presidencial de Pedro Castillo que también se encuentra detenido por estar prófugo de la justicia, como los encargados de cumplir con dicha tarea.

Tal y como declaró el exasesor ante la Fiscalía, los magistrados habrían accedido a brindar su apoyo a los integrantes de la plancha presidencial de Perú Libre. La noticia fue comunicada el 9 de junio de 2021 en la Casa del Pasaje Sarratea, en Breña, donde Pedro Castillo, Dina Boluarte, Alejandro Sanchez y José Medina se reunieron para conversar sobre los pormenores del acuerdo. Un dato no menor es que, según Marrufo, Alejandro Sánchez habría buscado a un estadístico para que analice si Fuerza Popular podía ganar las elecciones presidenciales mediante la impugnación de votos. Con el número exacto de los votos que estaban en juego, se activó el protocolo de presión sobre Jorge Salas Arenas, presidente del JNE.

Los hechos corroborarían esta versión, debido a que ese mismo día, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que impugnaría 800 actas electorales. Dos días después, el JNE  amplió el plazo para recibir los recursos de nulidad de mesas de sufragio de Fuerza Popular y Perú Libre, pero dio marcha atrás horas después. Una decisión extraña que pone en tela de juicio el accionar competente de la entidad encargada de velar por la transparencia en los procesos democráticos.

Las acusaciones son muy serias y ahora se encuentran en fase de corroboración. Sin embargo, recordemos que la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, fue separada del cargo inmediatamente después de que se revelaran chats donde presuntamente se cobraran favores políticos a cambio de votos en debates del Pleno del Congreso. ¿Acaso la justicia actuará con la misma celeridad y sesgo en esta situación? ¿Jorge Salas Arenas será destituido del cargo? ¿Qué pasará con los magistrados involucrados en el hecho?

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Gabriela Llontop Periodista y redactora

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