Congreso impulsa leyes que petardean la inversión privada: ¿por qué debemos evitarlo?

El Congreso impulsó una serie de proyectos de ley que petardean la inversión privada en el país, debido a que promueven que el Estado sea el principal administrador de servicios como agua potable, electricidad, venta de combustible o procesamiento de minerales como el litio, incluso, cuando existe la posibilidad de concesionar estas funciones para ofrecer mayor calidad a los contribuyentes. Según un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú, el Estado peruano ha demostrado ser un mal empresario, debido a que no ejecuta correctamente los impuestos, sobre todo, porque 7 de cada 10 soles que pagan los peruanos se destina al gasto corriente en lugar de invertir en más y mejores obras públicas.

Comex Perú concuerda en que las leyes populistas que abren paso a que el Estado continúe monopolizando la prestación de ciertos servicios es contraproducente para el progreso del país. Posiblemente, PetroPerú es el mejor ejemplo de ello. En el Parlamento se discutirá el proyecto de ley 7725/2023-CR, el cual propone que la venta de combustible en grifos propios de la petrolera. Este nuevo “giro de negocio” para el Estado pone en grave peligro el uso de fondos públicos, debido a que, si se aprueba el documento, el gobierno no estaría priorizando la inversión pública en servicios mucho más importantes como salud, educación o transporte.

Además, es preciso recordar que esta entidad no solo presenta una serie crisis institucional, por lo cual tuvo que pasar por la reestructuración de su directorio, sino que también se encuentra inmersa en una profunda crisis financiera. Su patrimonio es cuatro veces menor a su deuda, la cual asciende a US$8,488 MM, y, solo en 2023, reportó pérdidas de hasta US$823 millones. Por ello, la estatal se vio obligada a pedir millonarios salvatajes durante los últimos años, dinero que proviene del bolsillo de todos los peruanos.

Otra norma que el Congreso intenta aprobar es el proyecto de ley 7350/2023-CR, el cual tiene como objetivo evitar que la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en la modalidad de colaboración público-privada se pueda desarrollar mediante concesiones. Según el argumento del documento, permitir estas concesiones contraviene con lo estipulado en la Constitución Política del Perú. No obstante, esto no es cierto. El Estado no corre peligro de perder la titularidad de este servicio o sus potestades regulatorias y fiscalizadoras, pero si se aprueba esta medida sí se perdería la oportunidad de aprovechar que el gobierno destine menos recursos al sector, aprovechando la administración del sector privado, para invertir estos fondos en la gestión efectiva de contingencias y servicios que requieran mayor inyección presupuestal.

De acuerdo a lo mencionado por el gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú, Jaime Dupuy, “a diferencia de otros gobiernos, hoy no vemos a un Ejecutivo que le haga frente con firmeza a estas propuestas erróneas y desfasadas. El sector privado desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico y social del Perú, a través de la inversión, la generación de empleo y la innovación. Es importante la colaboración entre la actividad pública y privada para abordar desafíos como acceso a la educación, salud e infraestructura”.

Por su parte, el presidente de ACP y analista de gestión pública, José Ignacio Beteta, comentó que “el gobierno, a pesar de imponer o crear nuestros impuestos, brinda servicios públicos que dejan mucho qué desear. El Ministerio de Economía, a través de la SUNAT, son excelentes para cobrar y exprimir al sector formal, pero no invierten ese dinero en favor de los contribuyentes”. En este sentido, permitir que el Congreso apruebe proyectos de ley que petardee la colaboración público-privada en el país es evitar que el Estado tenga la posibilidad de destinar recursos a abordar otras problemáticas que reduzcan los índices de vulnerabilidad e informalidad. ¿Esto es lo que realmente necesitan los peruanos?