Antauro Humala y la minería ilegal: una alianza política que apunta a las elecciones 2026

Mientras el Estado peruano solo invierte 50 céntimos del presupuesto de orden público y seguridad (S/79 millones) para combatir la minería ilegal en el interior del país, el sentenciado por el asesinato de cuatro policías en el Andahuaylazo, Antauro Humala, aprovecharía esta débil lucha para apoyar a estas mafias y financiar su carrera política hacia la presidencia en las elecciones del 2026.

“Yo apuesto por la minería que ahora se denomina ilegal, informal o artesanal, que involucra al empresariado minero nacional”, admitió el cabecilla etnocacerista y, en otro momento, aseguró que la extracción ilegal de minerales, como el oro, contribuye con la recaudación fiscal anual y mejora la vida de las personas que practican estas actividades. Sin embargo, estas son mentiras que usó para contar con el apoyo de los recursos provenientes de la minería ilegal, pues no existe registro del pago de tributos por la comercialización de minerales por canales irregulares.

Las cifras son impactantes. Entre 2005 y 2023, la producción y exportación informal de este metal se elevara 7 veces. Así, en 2023, Perú exportó 77 toneladas de oro ilegal, lo que equivale a un 44% de las exportaciones totales de este mineral. Estas actividades ilegales no solo atentan contra la recaudación tributaria, sino que también depredan áreas de la selva peruana y provocan que decenas de familias se enfermen por la contaminación del mercurio.

En 2023, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), el 40% de emisiones de mercurio provienen de estas prácticas y son responsables de contaminar alimentos y agua. Asimismo, durante los últimos cinco años, se perdieron 120 mil hectáreas en la región latinoamericana a causa de la minería ilegal.

Tampoco es verdad que la ilegalidad mejore la calidad de vida de las personas, pues expertos evidenciaron que esta mafia está ligada a la violencia, el sicariato, la trata de personas, el terrorismo, el contrabando y el narcotráfico. Un ejemplo de ello fueron los fatales ataques de mineros informales a la Minera Poderosa en Pataz, La Libertad.

La narrativa que defiende Antauro Humala también reivindica la violencia como mecanismo de control del orden público. Recordemos que, en 2023, declaró en Tumbe que “hay que fusilar a expresidentes para que se recomponga nuestra sociedad. (…) Está meditado y analizado. Es una necesidad urgente”. Asimismo, admitió que “intentó varias veces tomar el poder vía las armas”.

Este tipo de comentarios solo acentúa la crisis de inseguridad ciudadana. De acuerdo al último informe del INEI, el 22.9% de la población aseguró ser víctima de algún tipo de delito, siendo las regiones de Puno (29,7%), Cusco (28,6%), Tacna (27,4%), Lima Metropolitana (26,7%), Junín (26,6%) las más inseguras a nivel nacional.

¿Los peruanos realmente merecen candidatos políticos que incitan el terror y la comisión de delitos? Según la última encuenta de IPSOS, a mayo 2024, el 97% de peruanos  opina que las personas que cumplieron sentencia por asesinato, corrupción o terrorismo, y ya salieron de la cárcel, no tienen derecho a postular a la Presidencia. Impedir que personajes de este calibre lleguen al poder está en manos del Congreso, donde espera un proyecto de ley para  impedir que exconvictos o sentenciados por delitos dolosos como homicidio, terrorismo o narcotráfico puedan acceder a un cargo público de libre representación.