Dina Boluarte y “Los Waikys en la Sombra”: todo lo que debes saber sobre la presunta red criminal

La presidenta Dina Boluarte se encuentra involucrada en serias irregularidades por, presuntamente, intentar frenar las investigaciones que se siguen contra su hermano, Nicanor Boluarte Zegarra, al ofrecer dádivas o beneficios a través de su abogado a los encargados de las pesquisas fiscales y por desarticular la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía. Recordemos que el Poder Judicial emitió una orden de captura contra el pariente de la mandataria por un plazo de 10 días en el marco de las pesquisas que el Ministerio Público sigue contra el Caso “Los Waikys en la Sombra”.

La Fiscalía lo investiga por la comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias, pues se cree que habría tenido injerencia en la designación de prefectos y subprefectos en San Martín y Cajamarca. Se presume que estos cargos de confianza habrían sido útiles para recolectar firmas para inscribir el partido político Ciudadanos por el Perú y para dirigir el nombramiento de altos funcionarios de importantes entidades gubernamentales.

Sin embargo, el allanamiento ejecutado por agentes policiales y el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICOP) no solo tuvo como objetivo revisar el domicilio de Nicanor Boluarte, sino también ingresaron a otras 20 propiedades, incluyendo la de Mateo Castañeda, abogado de la jefa de Estado en el Caso Rolex. Recordemos que este personaje fue duramente cuestionado por la opinión pública por su peculiar estrategia para defender a la mandataria, pues aseguró que el reloj de la reconocida marca suiza podría haber sido un regalo de un “fan enamorado” y, posteriormente, declaró que todos los accesorios de lujo fueron un préstamo hacia Dina Boluarte.

Castañeda Segovia también se encuentra bajo detención preliminar por supuestamente fungir como intermediario para evitar que las investigaciones contra Boluarte Zegarra mantengan su curso. La tesis fiscal sugiere que la defensa legal de la presidenta intentó sobornar a los coroneles Walter Zegarra y Harvey Colchado. Entre los supuestos beneficios que ofrecía se encontraba el ascenso inmediato al cargo de general PNP del coronel Walter Lozano y, a su vez, evitar que el coronel Harvey Colchado fuera suspendido de sus funciones como jefe de la DIVIAC.

Pero hay más. Es preciso mencionar que este equipo multidisciplinario de agentes, que brindaba servicios junto al EFICOP, fue disuelto por el Ministerio del Interior, presidido por Walter Ortiz, horas antes de iniciar con el allanamiento y descerraje de inmuebles. Al respecto, el ministro refirió que la creación de la DIVIAC carecía de sustento. “Al menos, yo me he dado cuenta de esa resolución. Yo he dispuesto que se investigue esa resolución porque vi que no tenía fundamento. Pedí un informe jurídico al ministerio y no había (sustento)”, sentenció.

Hasta el momento, la presidenta Dina Boluarte no se pronunció sobre los hechos. No obstante, el ministro de Educación, Morgan Quero, brindó cuestionadas declaraciones en el marco de los hechos acontecidos y sugirió que estas medidas son parte de un Golpe de Estado que intenta desarticular a la gestión actual del Poder Ejecutivo. El titular del sector admitió conocer a Nicanor Boluarte, no obstante, negó tajantemente que sean amigos.