El gran copamiento del Estado
En este informe hay un gráfico querido lector (gráfico) que debería llamarle mucho la atención. Es un gráfico que muestra la tendencia del dinero que se utiliza para gasto corriente y para gastos de capital o inversión en el Estado Peruano. El gasto corriente consiste en todo aquel dinero que se usa para mantener la burocracia. Es decir, para que el aparato estatal y sus funcionarios sobrevivan: planillas, contrataciones, mantenimientos, movilidad, seguridad, papeles, equipos, etc.
Este dinero no es valioso en sí mismo. Mantener la burocracia no es valioso en sí mismo. Este “gasto corriente” debería servir exclusivamente para que la burocracia sirva al ciudadano, es decir, para que realice obras, implemente servicios, compre productos, medicinas, bienes y equipos para los contribuyentes. Y el gráfico muestra como en los últimos 12 años, el gasto corriente creció casi en un 160% y hoy la planilla del Estado representa el 12% del Producto Bruto Interno (PBI).
Siendo así, uno pensaría que la inversión en proyectos de infraestructura, servicios, tratamientos médicos, colegios, hospitales, transformación digital, puentes, puertos, también avanza al mismo ritmo. Para no, las tendencias no son ni siquiera similares. Si vemos estos “gastos” como porcentaje del PBI, el corriente representa el 15% mientras que el gasto de capital (inversión pública) no supera el 5% aproximadamente.
¿Qué significa esto? Que cada año contratamos más burócratas, tenemos más entidades estatales, mantenemos aún 35 empresas estatales, casi todas inútiles, pero los contribuyentes no recibimos necesariamente mejores servicios.
Hablar de la Junta Nacional de Justicia, de un copamiento y golpes de Estado puede ser importante, pero cuando analizamos el “crecimiento del Estado” es cuando realmente estamos frente al “gran copamiento del Estado”. El gran copamiento de la burocracia a manos de gente poco preparada que nunca deja de ganar un sueldo, pero no puede diseñar, ejecutar o supervisar un buen proyecto de inversión pública. Según el BID, a fines de 2020, tenía algo más de 1.4 millones de servidores públicos en los tres niveles de gobierno. El número debe haber crecido.
Para José Ignacio Beteta, presidente de Contribuyentes, “el tema ya se salió de las manos. El Estado Peruano está fuera de control. Aumentamos su presupuesto, aumentamos la planilla estatal, mantenemos empresas ineficientes o casi quebradas como Petroperú, pero los proyectos de inversión en servicios públicos siguen paralizados y la calidad de la atención del Estado en salud, educación o en trámites ciudadanos está lejos de mejorar al mismo ritmo. Si a esto le sumamos que los ministerios, gobiernos regionales, municipalidades coludidas con ONGs, plataformas de comunicación y algunos influencers en redes se dan el lujo de atacar la inversión privada y bloquearla, el panorama parece esquizofrénico”.