Gobernador de Puno abrió los ojos, rechaza protestas y busca alentar el trabajo en su región: aquí una manera de hacerlo

Las protestas que se iniciaron el pasado diciembre en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte causaron graves estragos a nivel nacional. A pesar de la violenta coyuntura, varias autoridades regionales se mostraron a favor de las manifestaciones, entre ellos estuvo Richard Hancco, gobernador regional de Puno. No obstante, su discurso cambió y hoy da la negativa ante cualquier protesta, debido a que significan severas pérdidas para la región.

Debido a la crisis política, la región se mantuvo bajo la amenaza de paralizaciones, lo que generó que el Producto Bruto Interno (PBI) de Puno caiga un 0.2% durante el primer trimestre del 2023 en comparación con las cifras reportadas durante los primeros tres meses del 2022; y provocó que la economía regional se contrajera en un 1.1% después de iniciadas las protestas.

Con este panorama, Hancco declaró que no está de acuerdo con el tentativo paro que podría haber en Puno el 30 de mayo. “Ningún paro, de cualquier naturaleza, es bueno, porque ya vimos las consecuencias. Sin embargo, también respetamos las decisiones de la población. Como gobernador regional, todos hemos visto que se paralizó la región en enero y febrero, y debemos actuar con esa realidad. La paralización nos va a perjudicar”, dijo en conferencia de prensa. 

El discurso del gobernador pone en evidencia como autoridades de alto rango cayeron en la cuenta de que permitir tomas de carreteras y manifestaciones violentas generan millones de soles en pérdidas. El golpe en Puno fue duro, el Estado Peruano dejó de percibir S/ 124 millones en Impuesto a la Renta, Impuesto a la Minería y regalías por la baja producción de estaño. A nivel nacional, se perdían al rededor de / 85 millones al día, y solo en enero de este año la suma ascendía a S/ 1190 millones.

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

Una de las alternativas para palear la crisis económica que aún se mantiene es motivar la inversión privada, mediante la reducción de burocracias e informalidad.

Cabe recordar que en el Perú existen múltiples barreras burocráticas que, lejos de motivar la inversión, la frenan de forma constante. De acuerdo con el Centro Latinoamericano de Atlas Network y el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida, en el Perú, el empresario de una pequeña empresa invierte 591 horas en el cumplimiento de trámites burocráticos, lo que equivale a 25 días al año dedicados únicamente a la ejecución de estas obligaciones, abarcando el 10% del total de días hábiles.

¿Esto que quiere decir? Que se generan costos de oportunidad altísimos y que explican la expansión de rutas alternativas y la necesidad de recurrir a la informalidad o al soborno como impuestos extralegales para así ahorrar tiempo y capital.

De acuerdo con Enrique Castellanos, economista y profesor de la Universidad del Pacífico, uno de los grandes problemas que tiene la inversión privada en el Perú es que las leyes son muy complejas. “En el Perú siempre va a haber informales porque el costo de ser formal es más alto que el beneficio de serlo. Para qué un empresario sería formal si el Estado le va a pedir mil cosas que generan costos adicionales altísimos difíciles de asumir, sobre todo para las pymes”, comentó Castellanos a Vigilante.pe.

“¿De qué te sirve tener tantas leyes tan bonitas? De nada, porque los peruanos van a preferir quedarse a un costado, porque tenemos reglamentos exigentes que orillan a los empresarios a la informalidad. Lo que se tiene que hacer es simplificar y bajar los costos de ser formal”, puntualizó Castellanos.

Luego de que las autoridades hayan permitido que sus regiones toquen fondo, se vuelve necesario que se reconozca la importancia de mantener la inversión privada vigente y respaldada por la ley para que la población y la economía nacional se mantenga a flote.