Índice de Libertad Económica ubica al Perú en el puesto 44: esta es la razón

La libertad económica del Perú siempre es un tema de discusión en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, en Foros nacionales y, sobre todo, en conversaciones cotidianas de los ciudadanos que lucen preocupados por la administración del Estado por parte de nuestras autoridades. Pero, ¿Cómo se encuentra realmente Perú a nivel internacional? El último Índice de Libertad Económica publicado por la Fundación Heritage, el cual evalúa a 176 naciones,  posiciona al país en el puesto 44, puesto que mantenemos desde el año anterior. Actualmente, nos encontramos en el tercer lugar en América Latina, por detrás de Chile y Uruguay.

Si bien esta posición en el ranking revela que nuestras reformas económicas han sido útiles para reducir los niveles de pobreza e impulsar el crecimiento económico del país, también evidencia un serio problema en la administración de recursos públicos: la corrupción. De acuerdo a lo mencionado por Jaime Dupuy, economista y gerente de Comex Perú, los indicadores que miden la estabilidad financiera parecen ser favorables, no obstante, en aquellos ejes que miden, por ejemplo, el respeto al “Estado de derecho” contamos con puntuaciones por debajo del promedio. Lo mismo ocurre en el eje de “Eficiencia Regulatoria”.

Para el especialista, el puesto que obtuvo nuevamente nuestra economía resulta ser una buena noticia para todos los peruanos debido a que es la prueba fehaciente de que el capítulo económico de nuestra Constitución Política es eficiente. Sin embargo, comenta que, si bien esta posición resulta positiva debido a que nos facilita un mejor y mayor acceso a sistemas de financiamiento y a la consolidación de las políticas de apertura comercial con el exterior, también demuestra que “la corrupción y el débil Estado de Derecho terminan afectando el desarrollo económico a largo plazo”. 

En ese sentido, la tarea de revertir esta situación y permitir que la economía peruana continúe creciendo recae sobre los hombros de nuestras autoridades, quienes deben transparentar el uso de recursos públicos durante su gestión y dejar de generar perjuicios económicos en contra del Estado por priorizar sus intereses personales.