Tercerización laboral: gobierno reforzará la defensa del decreto supremo

Con la toma de mando de Dina Boluarte en la Presidencia, el pasado 7 de diciembre del 2022, el sector privado vio la oportunidad de negociar, una vez más, la derogación del Decreto Supremo 001-2022, el cual restringe la tercerización laboral en las actividades nucleares del negocio de una empresa. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano debido a que la política de Estado del nuevo gobierno se opone a eliminar esta norma y, por el contrario, planea reforzar la defensa legal de la medida y permitir que el Poder Judicial sea el que decida el destino del referido decreto.

Recordemos que esta iniciativa fue planteada y aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo, a través del Ministerio de Trabajo, cartera encabezada por Betssy Chávez y luego por Alejandro Sánchez, para que las compañías que tercerizan las actividades esenciales de operación y/o venta de bienes y servicios dejen de hacerlo y comiencen a contratar empleados que desempeñen esos cargos desde la propia empresa. 

En líneas generales, el gobierno de Castillo Terrones defendía la norma debido a que, presuntamente, estaría colaborando con aquellos empleados que no trabajaban directamente con la empresa que terceriza funciones, no obstante, la iniciativa nunca pasó por un foro de debate del Consejo Nacional de Trabajo u otras asociaciones civiles, lo cual demuestra que nunca se tomó en consideración la opinión de los propios trabajadores. Además, esta propuesta tiene origen en la Agenda 19, la cual fue planteada por primera vez en el anterior gobierno por Iber Maraví, exministro de Trabajo.

De acuerdo a lo mencionado por el titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Adrianzen, el decreto cuenta con un principio de legalidad, lo cual ellos intentan defender a través de mecanismos legales. Cabe mencionar que el gobierno de Boluarte Zegarra no solo intenta plantear una estrategia de defensa a favor de la norma de tercerización, sino también en favor del Decreto Supremo 014-2022, el cual permite la creación y fortalecimiento de sindicatos. 

Asimismo, Adrianzén señaló que se está evaluando una partida presupuestal para mejorar y fortalecer el equipo legal que acompañará a la Procuraduría, lo cual indica que se incorporarán 10 nuestros rostros al equipo de 16 abogados que observan el caso y defienden la postura del gobierno.

Si bien resulta extraño que esta norma cuente con un fuerte apoyo de Dina Boluarte y sus ministros, lo cierto es que expertos señalan que la decisión es meramente política. Es decir, la norma puede ser derogada en cualquier momento por el gobierno debido a que cuenta con las facultades necesarias para hacerlo, sin embargo, no es tan sencillo a nivel político debido a que se involucran diversos factores como el liderazgo de gobierno o las propuestas planteadas en torno al decreto.