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“Se les llamaría al Pleno para responder acerca de su gestión”, explica Cavero sobre propuesta para interpelar a gobernadores regionales
A propósito de los casos de corrupción en los gobiernos regionales, ¿es necesario que estas autoridades den cuentas sobre su gestión durante su tiempo de mandato? Desde Avanza País, el congresista Alejandro Cavero propone interpelarlos, sin censurarlos, y de ser el caso proponer una acusación constitucional.
Paula Riolo
Publicado 12:11 pm, 24 marzo, 2023
La creación de los gobiernos regionales se concretó en 2002 y desde entonces han sido decenas las autoridades vinculadas a casos de corrupción. Un breve repaso a los gobernadores que recién dejaron el cargo el 2022 evidenció que los 25 gobernadores regionales del Perú tienen entre dos hasta 62 investigaciones fiscales activas. Ejemplo clave de ello son los 4 ex gobernadores de Cusco que actualmente se encuentran en prisión, los 6 exgobernadores de Puno ligados a irregularidades o la condena al exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.
En ese contexto, el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, presentó un proyecto de ley que plantea posibilitar la interpelación e, incluso, la acusación constitucional a gobernadores regionales. ¿Es factible esta propuesta? Vigilante.pe conversó con el congresista para conocer detalles de su propuesta.
¿Cuál es la necesidad de interpelar a los gobernadores regionales?
Lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años es que hubo una tremenda descentralización de recursos, pero no una rendición de cuentas por parte de los gobernadores regionales. Como consecuencia de esto, hemos tenido ingentes casos de corrupción, falta de ejecución del presupuesto o, por otro lado, la ejecución de obras que no servían de nada a la población, como un estadio donde no hay gente o una piscina donde no hay agua. Esta incapacidad de los gobernadores regionales por resolver los problemas sustantivos y por traducir la riqueza en funciones como salud o educación es lo que lleva a cuestionarnos lo difícil que es ejercer un verdadero control político sobre la corrupción, incapacidad o ineficiencia. Por esta razón es que decidí plantear este proyecto de ley.
El documento específica la implementación de nuevos mecanismos, ¿Cuáles son?
Esta propuesta plantea 2 nuevos mecanismos de reforma constitucional. El primero es que los gobernadores regionales puedan ser interpelados como otras autoridades ejecutivas como los ministros. Entonces se les llamaría al Pleno con una serie de preguntas para responder acerca de su gestión, pues el actuar de sus gobiernos no solo tiene relevancia regional, sino nacional. Por otro lado, propongo que puedan ser sancionados, por lo que se les incluiría en el artículo 99° de la Constitución, para que puedan ser sujetos a juicio político y una sanción que puede ser la destitución, suspensión, inhabilitación, del grado que ejerce ese alto funcionario. Si eso se aplica para autoridades de alto rango como ministros, congresistas, jueces supremos o fiscales, ¿por qué no aplicaría para autoridades de igual relevancia e importancia como son los gobernadores?
En concreto, se busca fiscalizar más de cerca…
Efectivamente. Por ejemplo, el ciclón Yaku puso en evidencia la mala gestión de los gobernadores, sobre todo en el norte. En las zonas de emergencia, la queja de los alcaldes y gobernadores es que necesitan que el gobierno central intervenga con mecanismos para salvarlos de la crisis y justifican su incapacidad cuando su trabajo debe ser la prevención para que las cosas no se salgan de control. Como no existe un mecanismo para luego hacerlos responsables por eso, quedan sin ningún tipo de sanción. Necesitamos un control político efectivo de parte del gobierno central.
¿Qué rol tendría la Contraloría General de la República?
Actualmente, la Contraloría General solo interviene o sanciona cuando se han cometido faltas funcionales que pueden tener como consecuencia un delito, pero no hacen control político, solo es administrativo. No tenemos un mecanismo que sancione la responsabilidad política, que podría venir, por ejemplo, de un gobernador que, teniendo problemas de saneamiento, hace un estadio. Es un problema político, no administrativo; y eso debería tener consecuencias. La mejor forma de controlarlos es llamarlos al Congreso y ponerles el ojo público. Cuando existe ese tipo de control, los gobernadores van a pensar dos veces antes de actuar y ese es el incentivo que hace falta.
¿En qué escenario se podría interpelar a un gobernador regional?
Las causas que los lleven a la interpelación serán las que decida la ciudadanía a través de sus representantes. Así como no hay causales estrictas para interpelar a un ministro, sino solo el deseo de que responda ante un cuestionamiento, ocurriría lo mismo. Hoy nadie obliga a responder a un gobernador. Hay que aclarar que no podemos censurar a un gobernador, porque este es elegido por voto popular y un ministro no, pero si podemos hacer que el gobernador sea sujeto de acusación constitucional y no habría incompatibilidad con las leyes que ya existen.
¿Los gobernadores regionales encontrados en falta podrían ser suspendidos o destituidos de sus funciones?
Sí. El artículo 99° de la Constitución establece 2 prerrogativas de los altos funcionarios. Una es juicio político, por el cual una autoridad puede inhabilitada o suspendida, y la otra es la prerrogativa del antejuicio político, que es cuando el Parlamento levanta el fuero por los delitos de función hasta 5 años después de haber ejercido el cargo. La prerrogativa de ante juicio no fue incluida en el proyecto de ley, los gobernadores regionales no la tendrían, pero sí el juicio político por no cumplir bien su rol para ser sujeto de sanción.
¿Qué se necesita para la materialización de este proyecto?
El proyecto recién se presentó y ya pedí la autorización para presentarlo en la Comisión de Constitución. Esperaría que no se demore mucho la aprobación del dictamen. Para que se materialice necesitamos 87 votos en dos legislaturas consecutivas, o 66 votos y un referéndum. Yo creo que los parlamentarios de regiones, que son la mayoría en el Congreso, van a estar a favor de tener algún tipo de control sobre los gobiernos regionales. Sería increíblemente favorable que los parlamentarios podamos ejercer control político ante la ineficiencia.
Paula Riolo
Periodista y redactora
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