Miles de puestos de trabajos en el sector de exportación no tradicional están a punto de perderse: esta es la razón

El 20 de febrero, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el Proyecto de Ley N.° 805/2021-CR, que fue presentado por Jaime Quito. Esta propuesta pretende modificar el régimen laboral de los trabajadores de la exportación no tradicional para incluirlos en el régimen laboral de la actividad privada. De ser aprobada por el Parlamento, esta iniciativa tendría impactos severos dentro de la estabilidad laboral del sector, ocasionando que miles de trabajadores pierdan su empleo.

Según el Banco Central de Reserva, en este rubro de exportación se ubican los productos que tienen un “mayor valor agregado” y se agrupan en textiles, agropecuarios, pesqueros, maderas y papeles, químicos, metalmecánicos, siderometalúrgicos y joyería. Este sector cobró protagonismo positivo en los últimos 10 años, teniendo, incluso, un crecimiento anual de 5.6%.

Así, las exportaciones no tradicionales trabajan bajo un régimen de contratación temporal formal. Es decir, las empresas que se dedican a este rubro contratan trabajadores por temporadas para realizar diferentes labores. Por ejemplo, una persona puede trabajar en la temporada de cosecha para una empresa y en la temporada de siembra para otra.

Este esquema permite que las empresas se adapten a la fluctuación de su sector y a la necesidad de trabajadores, lo que le abre la posibilidad de ser competitivas en el mercado internacional. La flexibilidad en la contratación se debe a la naturaleza de cada negocio: puede ser cambios en la demanda exterior, la estacionalidad o cambios en el ciclo productivo. Este régimen especial, en comparación con el régimen general, no limita el tiempo máximo en el cual un trabajador puede tener un contrato fijo, sino que condiciona la contratación solo a la existencia de un contrato de exportación u orden de compra, pero sin afectar ningún beneficio o derecho del trabajador.

¿Por qué sería perjudicial?

El dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo plantea la reestructuración de este sistema. Dispone que todos los trabajadores, actualmente bajo dicho régimen, que tengan 5 años de labores pasen automáticamente a tener contratos de plazo indeterminado. Esto generaría que aquellos cuyos contratos venzan no serían contratados nuevamente bajo el régimen original, ocasionando un fuerte desempleo.

Fernando Cilloniz, ex gobernador de la región Ica y agroexportador, explicó a Vigilante.pe que de aprobarse esta ley, el Congreso haría inviable el trabajo de las industrias que tienen estacionalidades, como lo son las que se engloban dentro de la exportación no tradicional.

“Al imponer la estabilidad laboral absoluta, que es lo que se deduce de los esfuerzos del Congreso, harían inviable todas las actividades económicas que tienen estacionalidades. Lo que han hecho estas industrias es contratar trabajadores formalmente y dejan de trabajar de acuerdo a las tareas. Muchos trabajadores trabajan en varias empresas, dando como resultado una gran generación de empleo formal con una gran seguridad social. Esta propuesta va a propiciar la informalidad y desprotección para los trabajadores“, comentó Cillóniz.

Cilloniz también explicó que la pérdida de flexibilidad para la contratación de trabajadores va a afectar la competitividad de las empresas y su capacidad de crear y brindar empleos de calidad. “Las empresas más grandes no van a sentir tanto el impacto, pero las que van a sufrir son las micro, pequeñas y medianas, que son las que siempre terminan perdiendo. El daño es muy social”, aseveró.

Es importante saber que en su etapa de consultoría, el Congreso pidió opinión a la Cámara de Comercio Exterior (Comex), que emitió un informe expresando su desacuerdo con la medida. Jaime Dupuy, gerente de asuntos legales y regulatorios de Comex, consideró que esta ley se ha enfocado en los derechos laborales, pero no en la fomentación de empleabilidad, y no va a favor de eliminar la informalidad en nuestro país.

“Toda regulación que se ha decretado ha puesto en evidencia esta situación. Hay que ver qué ha pasado cuando se quiso hacer algo similar, como cuando se derogó la Ley de Promoción Agraria. Pasar al régimen general supone un costo laboral de 45.97%, es altísimo. Esto va a generar la contracción de un sector que era caso de éxito, como es la agroexportación. Tienes empresas nacionales y un país posicionándose a nivel mundial. Muchas de estas empresas han empezado a ver inversiones en otros países. Pero esta ley no agarra solo al agro, está textil, manufactura, pesca. El impacto va a ser muy contraproducente”, explicó Dupuy a Vigilante.pe.

El Congreso deberá evaluar la pertinencia de aprobar esta norma, tomando en cuenta que la prioridad debería ser proteger tanto al trabajador como a la empresa y preservar la integridad de la economía de nuestro país de cara a su competitividad en el exterior.