Sigrid Bazán promueve proyecto para limitar la atención de salud en el sector privado

La congresista de izquierda propone limitar a las aseguradoras privadas para que tengan “solo hasta el 30% de la propiedad de una clínica o centro de salud privado”. El 70% sería encargado al Estado que ha demostrado su nula capacidad de brindar servicios de salud de calidad. Iniciativa genera cuestionamientos pues no enfoca la real necesidad que tienen los peruanos que utilizan el servicio de salud pública.

No es novedad que la salud pública peruana se encuentra en crisis constante. Tampoco que la pandemia por COVID-19 recrudeció esta situación. Por ambas razones, es válido reconocer que el sector ha sido uno de los menos atendidos por las gestiones gubernamentales. La más reciente, la gestión de Pedro Castillo, empeoró aún más la situación debido a su nula capacidad por designar funcionarios o ministros que apliquen estrategias que le permitan al ciudadano acceder a servicios de salud de calidad. Pero lejos de presentar iniciativas que le abran puertas a los millones de peruanos que necesitan de una atención de calidad en salud, parece que un sector de la izquierda se empecina en hacer lo contrario.

A este escenario, se suma un proyecto de ley impulsado por la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, que pretende, según explicó en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, limitar a las aseguradoras privadas, directa o indirectamente, a tener solo el 30% de la propiedad de una clínica o centro de salud privado. Además, agrega que las clínicas podrán ofrecer solo hasta un 30% de los servicios de los planes de salud que ofrecen las aseguradoras.

“He presentado un proyecto de ley que busca estimular la competencia y permite mejorar la calidad de los servicios que brinden tanto las aseguradoras y clínicas”, señaló la congresista de izquierda sobre su proyecto de ley 3776.

MAL ENFOQUE

Esta propuesta genera una serie de interrogantes sobre la intención de Bazán en brindar servicios de salud de calidad, brindados por el Estado, a quienes realmente lo necesitan, puesto que pone el foco en un sector de la población que puede acceder a beneficios del sector privado.

El análisis del sistema de salud en el Perú, publicado por Comex, detalla que el 91% de peruanos accede a la salud pública, mientras que el 9% accede al sector privado. Así, quienes se atienden en el sector estatal no tiene acceso servicios de salud de calidad, sino que tienen insuficientes o precarios centros de salud, de equipamiento o personal, un bajo acceso a tratamientos y largos tiempos de espera.

Por su parte, el sector privado brinda mayor calidad al tener incentivos a mejorarla y a gestionar sus recursos de manera más eficiente. Por ello, es contradictorio limitar la asociación de empresas que se complementan, limita las eficiencias y economías de escala. Si su proyecto se aplica, lo que va a pasar es que habrá menos oferta médica privada que atienda lo que no atiende el estado, y hará que esta sea más costosa, dejando más personas sin acceso a salud o con mayores gastos.

Además, si el Estado tuviera mejores servicios de salud y mejores ofertas de aseguramiento, los privados tendrían que bajar sus precios, pero no es el caso. Entonces, las aseguradoras y clínicas atienden a una pequeña parte de la demanda de esos servicios (menos de 10% de la población).

¿70% AL ESTADO?

Bazán señala que las empresas podrán tener “la adquisición de acciones y derechos de propiedad de una Institución Prestadoras de Servicios de Salud hasta el límite de 30%”. De ello se desprende que el 70% estaría bajo el rol del Estado.

El fracaso de las estatales es un hecho. Basta recordar la reciente situación de PetroPerú o de las empresas de agua y saneamiento. Incluso, el propio exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, cuestionó la intención de “estatizar” empresas privadas.

La pregunta se formula sola: ¿Con qué derecho el Estado le quitaría al paciente del sector privado su derecho a contratar un servicio libremente?. Esto no genera competencia, sino, por el contrario, genera burocracia.

LA SITUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS

La situación de los establecimientos de salud públicos en el país es crítica, porque casi el 100% de centros de salud y hospitales públicos “cuentan con capacidad instalada inadecuada, están desarticulados y no se aprovechan las sinergias de un trabajo organizado en red”.

A ello se sumó que el “financiamiento público es insuficiente y está gestionado de forma ineficiente”. Esto se demuestra que el número de ciudadanos con seguro ascendió a 98%, pero no hay un incremento proporcional de los recursos públicos para solventar las atenciones de estos nuevos asegurados.

• 1 de cada 2 establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención NO tiene médico.
• 9 de cada 10 establecimientos de salud públicos NO tienen infraestructura y equipamiento adecuado.
• 9 de cada 10 establecimientos del Estado usan historias clínicas de papel.

Además, sobre el abastecimiento público de medicamentos aún se maneja con información histórica e inoportuna, en lugar de centrarse en el nivel de servicio brindado. Aquí, dos datos clave:

• El 43% de los usuarios que reciben receta en establecimientos públicos compra medicamentos en boticas y farmacias privadas.
• Solo 1 de cada 2 del primer nivel de atención pública tiene disponibilidad de medicamentos mayor al 80%.

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