¿Cuestión de confianza, va o no va?: posturas y todo lo que tienes que saber
Redacción Vigilante
Publicado 5:04 pm, 9 noviembre, 2022
El primer ministro, Aníbal Torres, presentó ante el presidente del Congreso una cuestión de confianza para que se debata el proyecto de ley de reforma constitucional que define los alcances sobre la cuestión de confianza. Situación hace sonar los tambores de guerra en medio de una crisis política y la próxima llegada de la Misión de la OEA. Especialista apuntan a que pedido es inconstitucional.
El gobierno de Pedro Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, parecen estar dispuestos a todo con tal de cambiarle el ritmo a la crisis política para desentenderse de los problemas que sus propios ministros y altos funcionarios han provocado en el país y, así, acusar de antidemocráticos a los integrantes del Legislativo.
La nueva situación límite, apuntalada por Torres, es la primera presentación de una cuestión de confianza del gobierno ante el Congreso para que se priorice el debate del proyecto de ley, presentado en abril de este año, en el cual se busca regular la cuestión de confianza a través de la derogación de la Ley N° 31355.
“El objetivo de esta cuestión de confianza es que el Congreso de la República agende en la siguiente sesión del Pleno el debate y eventual aprobación del Proyecto de Ley N° 1704/2021-PE, atendiendo a las consideraciones expuestas (…) en cuanto a las atribuciones de un Poder Ejecutivo que se encuentra presidido por alguien democráticamente elegido, como es el presidente, Pedro Castillo Terrones”, se lee en el documento enviado al presidente del Congreso, José Williams.
¿Qué establece la Ley 31355? Esta establece una interpretación de la figura jurídica de la cuestión de confianza y señala que “la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y al artículo 133 de la Constitución Política del Perú, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos”.
Es decir, que Torres solo puede plantear una cuestión de confianza por materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente con la concreción de su política general de Gobierno, no por la aprobación de reformas constitucionales ni temas que afecten las competencias exclusivas del Congreso.
Cabe recordar que el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley 31355, pero esta fue declarada infundada. Así, al presentar esta cuestión de confianza, Torres abre un camino de conflicto sobre lo decidido por el TC. Desde que se difundió el documento, varios constitucionalistas y especialistas se pronunciaron en contra de la medida debido a que se considera inconstitucional e ilegal. Sin embargo, desde la orilla oficialista, también han salido a defender la petición del Ejecutivo.
¿QUÉ DICEN LOS ESPECIALISTAS?
Una de las primeras entidades en pronunciarse fue la Defensoría del Pueblo. Su titular, Eliana Revollar, sostuvo que “lo que ha presentado el premier es inoportuno para el Ejecutivo sabiendo que ha sido el propio presidente de la República, quien se ha dirigido a la OEA pidiendo la activación de la Carta Democrática y argumentando que habría en marcha un golpe de Estado en su contra”. “La Ley 31355 claramente establece que puede pedir la confianza por cuestiones de su competencia de Gobierno, pero no invadir las competencias del Poder Legislativo”, añadió.
El constitucionalista Erick Urbina, consideró que el Ejecutivo está actuando “de manera política, mas no jurídica” puesto que se pretende derogar una ley vigente “que ha tenido por parte del TC una validez a nivel constitucional”. “Entonces no hay un cuestionamiento de fondo (…) Va a depender de un análisis jurídico y la decisión de los votos. La Ley 31355 está vigente que regula la cuestión de confianza solo en políticas públicas que no menoscabe en el Poder Legislativo y el equipo de control«, declaró en RPP Noticias.
Por su parte, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, remarcó que «plantear una cuestión de confianza, argumentando, además, que lo que quieren hacer es corregir la institucionalidad de una norma, no es el camino jurídicamente viable».
«La acción de cuestión de confianza se plantea sobre políticas públicas, no sobre discutir un proyecto de ley. Por eso, torpemente con cierta habilidad, han pretendido amarrar ese proyecto al eje seis de su planteamiento en el gobierno, que tiene que ver con fortalecimiento democrático», remarcó.
En tanto, el abogado penalista César Azabache consideró que el premier Torres busca cambiar la cara del gobierno en el marco de la llegada de la Misión de la OEA y, en esa línea, sostuvo que es un distractor. “Como no tiene sentido, solo puede servir como un distractor para cambiar de tema. Tendría que estarse yendo (Torres) por una inhabilitación por haber violado la Constitución”, refirió respecto a la agresión verbal realizada contra la periodista Sol Carreño.
En conclusión, los especialistas convergen en que la cuestión de confianza impulsada por Torres es, en este caso, inconstitucional por lo que se recomienda que se rechaze de plano el pedido. Sin embargo, desde la otra orilla existen postura que avalan el comportamiento del gobierno.
El constitucionalista Omar Cairo sostuvo que “procedimentalmente (el pedido) no tiene objeciones”. “Se dice que es inconstitucional e ilegal porque no caben cuestiones de confianza sobre reforma constitucionales, pero esta no es sobre eso sino sobre la derogación de una ley ordinaria (Ley 31355). Por eso lado, la cuestión de confianza es válida. Lo que el Congreso deberá decidir si aprueba o no la derogación de dicha ley. Si la aprueba, estará aprobando la cuestión de confianza. Sino la rechaza por lo que el gabinete Torres tendrá que irse a su casa y vendrá un nuevo gabinete. Si se quiere evitar esto, se derogará la ley y el gabinete torres se mantiene. Eso significara que derogada la Ley 31355 el Ejecutivo podrá presentar proyectos de reforma constitucional y plantear cuestión de confianza sobre esos proyectos”, explicó.
Cabe recordar que no es la primera vez que Cairo avala este tipo de comportamientos cuestionables del gobierno de turno. Un breve repaso a la historia política reciente nos da cuenta de la postura que mantuvo a favor de la cuestión de confianza presentada por el expresidente Martín Vizcarra y que desató el cierre del Congreso en 2019.
En la misma línea que Cairo se mostró la ministra de Cultura, Betssy Chávez, quien afirmó que lo que se pide “al Parlamento es que el jueves 10 de noviembre, nos dé la oportunidad de poder explicar nosotros la norma que tenemos presentado el 8 de abril de este año y que hasta la fecha no tiene dictamen”. “Lo que queremos es restablecer el equilibrio de poderes, y que avancemos porque finalmente los políticos pasamos, pero los que no pasan son los ciudadanos, las personas. Entonces, busquemos un norte, sentémonos, conversemos y restablezcamos el equilibrio de poderes porque no puede ser que el Legislativo pese más que el Ejecutivo y viceversa”, sostuvo.