¿Camino libre? Congreso podrá tener iniciativa de gasto, según TC
El Tribunal Constitucional interpretó, mediante dos sentencias, que el Congreso tiene potestad para aprobar normas que tengan iniciativa de gasto siempre y cuando no impacten en el presupuesto del año en curso, pero si para años futuros. Decisión abriría la posibilidad de presentar proyectos y propuestas más populistas.
El artículo 79 de la Constitución detalla que los congresistas de la República no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos, salvo al que se refiere a su propio presupuesto institucional. Sin embargo, nuevas interpretaciones que dio el Tribunal Constitucional (TC) sobre este artículo, a través de las sentencias 984/2021 y 337/2022, abre el camino libre para que el Congreso sí tengan iniciativa de gasto. En concreto, lo que se interpretó es que un congresista tendrá prohibido presentar un gasto solo si modifica el presupuesto actual, pero no para el presupuesto del siguiente o de los siguientes años.
La sentencia 984 fue emitida en 2021 y resolvió un caso sobre la negociación colectiva en el sector público. “De este modo, dicha prohibición no impide que una iniciativa legislativa, a cargo del legislador democrático, pueda constituir una fuente jurídica para que, posteriormente, y en el ámbito de las atribuciones del Poder Ejecutivo, este determine o considere la inclusión de las partidas necesarias en la ley de presupuesto anual para atender los gastos que eventualmente se generen para su materialización”, se lee en el fundamento 179 de la sentencia. En tanto, en la segunda sentencia del 2022, que es sobre la Ley de reforma del sistema de salud, el TC también reiteró su posición sobre el artículo 79.
Esta situación generó preocupación puesto que daría pie a que los congresistas puedan generar más iniciativas sin tomar en cuenta la capacidad de gasto del Estado, según sostuvo el presidente del Tribunal Fiscal, Carlos Oliva. En ese sentido, también se podría dar rienda suelta a un sinfín de iniciativas populistas.
El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, sostuvo que “mas allá del carácter técnico o legales”, esto complica la gestión del MEF. “Hoy un candidato al Congreso, que se presente a futuras elecciones, puede prometer que hará una obra que cuesta miles de millones. La normativa, o sea la sentencia del TC, ya lo autoriza. El gran riesgo es cómo gestionar los recursos porque cuando se abre esta barra libre, para aprobar este tipo de iniciativas, se van a acumular y van presionar hasta que el MEF se cuestione de dónde saca los recursos para atender esos pedidos. Entonces, puede ser que quite recursos a programas sociales para atenderlo”, explicó.
Otro punto que abordó Tuesta es que sobre esta decisión ya no hay nada que hacer dado que el TC es la última instancia, sin embargo, afirmó que el “gran reto será mejorar la calidad de las leyes”. “Ahí estará el gran reto. Todos los temas que se discuten como reformas políticas, como la bicameralidad, serán importantes. Ante las iniciativas muy rápidas queda la cámara bajada queda una instancia en que se reflexionan estas leyes (es decir, el Senado) donde pueden, de alguna manera, contenerlas”, agregó.
Por su lado, el extitular del MEF, Alfredo Thorne, consideró que esta decisión del TC le da mayor responsabilidad al Congreso respecto a la aprobación del presupuesto público y, en esa línea, deberán tener más criterio para reorientar los recursos.
“Si el Congreso cree que se debe de quitar presupuesto a salud o educación, que son los que más presupuesto tienen, para financiar sus propias iniciativas, tienen la potestad de hacerlo, pues es el responsable, según la Constitución, de aprobar el presupuesto público”, explicó a Gestión.