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Consejo de la OEA enviará misión a Perú y respalda activar la Carta Democrática
Redacción Vigilante
Publicado 2:23 pm, 20 octubre, 2022
El presidente Pedro Castillo busca deslegitimar las investigaciones por corrupción en su contra y logra que el organismo exprese su “solidaridad y respaldo al Gobierno democráticamente electo”, pero las pesquisas del Ministerio Público, así como la denuncia constitucional en el Congreso, seguirán su curso.
Desde las 13:30 horas de este jueves 20 de octubre, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunió en Washington, Estados Unidos, “para considerar la situación en el Perú”, ante el pedido del presidente Pedro Castillo para aplicar la Carta Democrática Interamericana, al alegar una supuesta nueva modalidad de “golpe de Estado” en contra de su gobierno.
Pero lo cierto es que se trata del último intento del mandatario por deslegitimar las investigaciones fiscales en su contra, que se han traducido en una contundente denuncia constitucional que contiene documentos oficiales, registros y abundante evidencia, con declaraciones de varios testigos y colaboradores eficaces sobre actos de corrupción en su gobierno que lo implican directamente.
Tras la exposición del canciller César Landa, se aprobó por aclamación el proyecto de resolución que la Representación Permanente del Perú propuso, en el que se expresa “solidaridad y respaldo al Gobierno democráticamente electo”.
Además, el Consejo Permanente de OEA aprobó enviar una misión a Perú y respaldar la activación de la Carta Democrática, tal como solicitó el presidente Castillo, que en concreto pidió aplicar los artículos 17 y 18 “para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder”.
Estos artículos se abocan a atender riesgos en procesos democráticos o prevenir la afectación de los mismos, pero el gobierno peruano no apela al artículo 20; es decir, no habla de un escenario en que “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
Sin embargo, las investigaciones del Ministerio Público, así como la denuncia constitucional, seguirán su curso, porque nadie, ni la OEA, puede interferir en estos procesos que son de exclusiva potestad del Ministerio Público y el Congreso, respectivamente, según explicaron diversos expertos.
Por su lado, el Legislativo peruano envió una carta a la OEA en la que expresa su disposición al diálogo para explicar a los representantes de ese organismo la situación real del país, que está sumido en una profunda crisis marcada por la inestabilidad política y la incertidumbre económica, debido a los graves hechos de corrupción que cercan al presidente y su manifiesta incapacidad para gobernar.
¿Qué implica que se active la Carta Democrática?
Es un instrumento aprobado por la OEA en 2001, a iniciativa del Perú durante el gobierno de transición, tras la caída del régimen de Alberto Fujimori en el 2000. Contiene medidas y herramientas de negociación para restablecer el orden democrático en los países miembros, a través de gestiones diplomáticas.
Su objetivo es evitar en un país la violación de derechos humanos, promover el respeto a la libertad de expresión, a la separación de poderes, a la libertad de circulación, el debido proceso, la no existencia de tortura, la no existencia de presos políticos y erradica aquellas situaciones que ponen en riesgo la seguridad y la paz de los países de la región.
La aplicación de la Carta Democrática no genera intervención militar, tampoco intervencionismo. «No se trata de castigar, se trata de restablecer y fortalecer las instituciones», explica Jean Michel Arrighi, el secretario de asuntos legales de la OEA.
En 2002 se activó en Venezuela y en 2004 en Nicaragua. En ambos países hay regímenes dictatoriales en los que el organismo no ha logrado restablecer la democracia. Luego en 2009 se aplicó en Honduras, tras el derrocamiento del presidente Manuel Celaya; también en Ecuador, en 2010, ante un intento de destitución de Rafael Correa.
En el Perú, ocurrió en el 2004, cuando se aplicó la carta en respaldo al presidente Alejandro Toledo, hoy a la espera de ser extraditado de EEUU para que responda ante la justicia por los cargos de corrupción que afronta.
El castigo máximo que contempla la carta es la suspensión del país de la OEA, que implica fuertes sanciones. Para aprobar la suspensión de un país, son necesarios 24 votos, de los 34 Estados miembros, en una Asamblea General Extraordinaria.
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