Partidos con presencia en Congreso recibirán este año S/15 millones de nuestros impuestos
Redacción Vigilante
Publicado 8:40 am, 23 septiembre, 2022
Preguntas y respuestas claves para entender cómo funciona el financiamiento público y qué medidas se pueden adoptar para evitar que el dinero de todos los peruanos termine en los bolsillos de los dueños de los partidos.
Los diez partidos políticos con presencia en el Congreso recibirán este 2022 más de S/15 millones, como parte del financiamiento público directo del Estado, es decir, dinero que sale de los impuestos que pagan los peruanos.
La cifra se desprende de las transferencias autorizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE), para los dos semestres del año en curso, como parte de ese financiamiento previsto en la Ley de Partidos Políticos.
- ¿Cómo se calcula el monto?
El dinero se calcula al multiplicar el “total de votos emitidos para elegir representantes al Congreso de la República por el 0,1% de la unidad impositiva tributaria (UIT)”. Esto quiere decir que cuantos más votos reciba un partido cada elección, más dinero de los contribuyentes recibirá.
Así, las transferencias de los fondos se realiza a razón de un quinto por año; se distribuye un 40% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos con representación en el Congreso y un 60% en forma proporcional a los votos obtenidos.
- ¿Qué partido recibirá más dinero?
Perú Libre (PL), porque ganó 37 curules en el Congreso en la elección del 2021, y se convirtió en la primera mayoría.
Así, en el primer semestre de este año, el partido de Vladimir Cerrón recibió S/ 1.075.639 y a fines de junio se autorizó transferir el mismo monto para la segunda mitad del año.
En total, Perú Libre recibirá este año S/ 2.151.279, con el último depósito previsto para la quincena de diciembre.
De este dinero de todos los peruanos sale el sueldo de S/ 12.500 al mes que recibe Cerrón Rojas, condenado encima por corrupción.
- ¿Pero qué dice la ley?
Que el 50% de los fondos del financimiento público que reciben los partidos debe destinarse a gastos de funcionamiento ordinario, como compra de inmuebles y bienes, y contratación de personal y servicios.
El otro 50% mitad es para actividades de formación, capacitación y difusión de ideas que se pueden orientar a procesos electorales e involucrar encuestas y desarrollo de herramientas digitales, entre otros.
Cada seis meses los partidos deben presentar una rendición de cuentas a la ONPE.
- ¿Cómo nace el financiamiento público y cómo se puede mejorar?
El financiamiento público directo se introdujo en la Ley de Partidos Políticos en el 2003, pero tardó varios años en entrar en vigencia.
El financiamiento público existe en casi toda la región y surgió para que los partidos se puedan desarrollar y fortalecer institucionalmente sin depender de financistas privados con intereses particulares.
“El problema es que muchas veces se hace un uso indebido del financiamiento”, comenta Percy Medina, representante de IDEA Internacional.
El abogado especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos, sostuvo que el financiamiento público es positivo, pero sugirió candados ante la “poca transparencia” en el uso de estos recursos de los partidos.
Por ejemplo, explicó que el caso de las “consultorías”, como el detectado en Renovación Popular, “la ONPE puede poner parámetros para que no sean a dedo, sino bajo meritocracia”.
Agregó que si bien los sueldos a los dueños o dirigentes del partido, como Vladimir Cerrón (Perú Libre) o Patricia Li (Somos Perú), pueden justificarse como ‘pagos a personal’ previstos en la ley, ese no era el sentido de la ley y, por tanto, deberían ser prohibidos.
Medina sostiene que si lo partidos no quieren que haya sobrerregulación de la ONPE, deberían crear mecanismos creíbles de control interno, pero esto es poco probable con partidos que carecen de institucionalidad y que dependen de sus caudillos.
Por su lado, Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, plantea que para mejorar el financiamiento público directo, los recursos deben estar atados a indicadores de logros, aplicar reglas de integridad y aumentar capacidad de ONPE para fiscalizar.