| ECONOMÍA
¿Cuánto le cuesta la corrupción al bolsillo de los peruanos?
Redacción Vigilante
Publicado 3:08 pm, 31 agosto, 2022
Si Perú lograse reducir la cantidad de sobornos, el uso de cargos estatales para beneficio privado, los nombramientos indebidos, entre otros actos y conductas delictivas en la función pública, sus ciudadanos podrían ganar hasta US$1,800 más al año.
Perú retrocedió 11 posiciones en el Ránking de Percepciones de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional en el 2021, y pasó a ubicarse en el puesto 105 de 180 países.
Nuestro país está muy por debajo de Uruguay (puesto 18) y Chile (puesto 27) en ese ránking, que evalúa el grado de corrupción del sector público a partir de criterios como sobornos, desviaciones de fondos públicos, uso de cargos estatales para beneficio privado, nombramientos indebidos en el servicio civil y la capacidad de los organismos de control para contener la inconducta funcional.
Si Perú redujera la corrupción y lograse escalar al puesto que tiene Chile en el ránking, por ejemplo, los ciudadanos serían los más beneficiados, porque el ingreso por habitante de cada peruano sería hasta 27% mayor al que se registra hoy, reveló un informe de Instituto Peruano de Economía (IPE).
Esto equivale a un aumento salarial de alrededor de US$1.800 por año, según cálculos de Roberto Chang, investigador asociado en la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés).
Otro efecto de la corrupción es que eleva el costo de acceso de los hogares a los servicios básicos, y Perú es el tercer país de la región con mayor porcentaje de usuarios de servicios públicos que pagan coimas (30%), según Transparencia Internacional.
Esto equivale a que uno de cada tres peruanos, muy por encima también de países vecinos como Chile y Argentina (13% en ambos casos).
¿Los principales afectados? Los hogares más pobres del país, porque destinan una mayor parte de sus ingresos al pago de coimas para acceder a servicios del Estado, sin contar que también enfrentan mayores dificultades para acceder a ellos, según Gustavo Yamada y Ricardo Montero, investigadores de la Universidad del Pacífico.
La corrupción además propicia un clima de negocios poco favorable, porque las empresas deben enfrentar mayores costo por los pagos indebidos que les solicita, muchas veces, para realizar trámites en entidades públicas y obtener licencias, permisos o contratos, entre otros.
Y en el Perú, el 23% de las empresas reporta el pago de algún soborno para obtener contratos gubernamentales, cifra superior al 14% en promedio de países de América Latina y el Caribe, de acuerdo a encuestas realizada para el Banco Mundial en el 2017.
“La normalización de pagos adicionales para acelerar trámites con el Gobierno implica trabas en la contratación pública de empresas y la ejecución de proyectos, lo cual se refleja en la paralización de obras por irregularidades contractuales. Más allá de los recursos que dejan de ejecutarse, esto conlleva grandes pérdidas sociales en el mediano y largo plazo”.
Instituto Peruano de Economía (IPE).
Antonella Bancalari, investigadora asociada del Instituto de Estudios Fiscales, reveló que por cada proyecto de saneamiento que no se concluye, la tasa de mortalidad de menores de cinco años aumenta en 6%, debido a la mayor exposición a enfermedades y accidentes ante las obras inconclusas.
¿Qué hacer?
Los países con menores niveles de percepción de corrupción tienen mayor disponibilidad de datos abiertos provenientes de entidades públicas, lo que faciliten el monitoreo en tiempo real de funcionarios en procesos de compras públicas, entrega de licencias, licitaciones de obras, entre otros.
El Perú es uno de los países que más razagados está en cuanto a tansparencia de las entidades públicas frente a países de la región como Uruguay y Chile, o de la OCDE, como Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda.
Para la Contraloría, una mayor interoperabilidad de bases y sistemas de datos del Estado, permitiría implementar algoritmos y herramientas de aprendizaje automático que detecten de forma temprana potenciales casos de corrupción e inconducta funcional en los diferentes niveles de gobierno.