Ucayali: exdirector de Essalud habría sobrevalorado montos por más de S/ 30 millones en la primera ola de COVID-19
Redacción Vigilante
Publicado 12:35 pm, 23 junio, 2022
Denuncian que exfuncionario Francisco Samaniego habría liderado una organización criminal que sobrevaloró alquileres de equipos médicos e infraestructura en una de las regiones más azotadas por la pandemia.
Un informe publicado en el diario Ímpetu de Ucayali recogió las declaración de dos fuentes que narraron, con mucha documentación de por medio, la existencia de una organización criminal cuyo objetivo era pactar licitaciones y compras sobrevaloradas al interior del Hospital II Essalud Pucallpa, durante primera ola de COVID-19, en la que murieron 6 mil personas en esta región.
La presunta mafia sería liderada por el médico gastroenterólogo Francisco Samaniego Morales, quien fue director del centro médico desde 2017 hasta enero del 2022, e integrada por la cúpula administrativa y la colaboración de jefes de servicio de medicina, laboratorio, mantenimiento, adquisiciones, logística y administración que, entre 2019 a 2022, habrían hecho compras que significaron la pérdida de más de 30 millones de soles al Estado.
“Ha habido un negociado en el alquiler de infraestructura, de máquinas e insumos médicos, se han aprovechado del desastre que hubo por la pandemia para hacer negocio”, sostiene desde el anonimato un médico que teme represalias.
El primer paso para lograr el “negocio redondo” se dio meses antes de la llegada de Samaniego a la cúpula del seguro social, con la designación desde Lima del jefe de recursos humanos, Julio César Caceda Salas, quien recomendó el nombramiento de Samaniego.
Según la denuncia, a Cáceda se suman Edinson Llempén, Walter Cardenas Cardenas, Christian Montesinos Calleja, contando con el administrador y jefe de logística, quien tuvo la tarea de “maquillar” las falsas licitaciones y compras sobrevaloradas. Además, José Luis Quiroga Tone y Moisés Pascal Linares, este último responsable de las adquisiciones y logística, pieza clave en el organigrama de la presunta mafia. También necesitaban la complicidad del área “usuaria”, que recibe o solicita los productos que se sobrevaloraron.
La gestión de Samaniego contrató los servicios de ambulancia aérea, por un monto que supera los 7 millones de soles, para trasladar pacientes de Ucayali a Lima, pero la unidad aérea carecía del equipamiento médico necesario.
“Essalud contrató una ambulancia aérea que incluida profesionales de la Salud, pero la “ambulancia” era una avioneta sin asientos y en vez de ellos una camilla. Sin embargo, fuimos médicos de Essalud los que viajamos a realizar el traslado que la empresa debió poner. Esto costó más de 7 millones de soles”, añadió el médico denunciante.
César Vergara Betalleluz, jefe de medicina y entonces jefe COVID-19, presunto responsable de la adquisición de medicamentos e infraestructura sobrevalorada, avaló compra de un hospital de campaña que costó 4 millones de soles y cuyo mantenimiento ascendía a cerca de 800 mil, que no se trataba más que del armatoste de la zona COVID-19 instalada a fines de la primera ola luego que la mortandad disminuyó drásticamente.
Finalmente, también está implicada la química farmacéutica Monica Huayanca Trillo, jefa de farmacia, quien no alzó en ningún momento su voz ni objeto el banquete de adquisiciones que se dio en el seguro.
PIEZA CLAVE
Sin embargo, todo el engranaje anterior a favor de la organización dedicada a sobrevalorar y licitar medicinas y servicios médicos durante el primer año de la pandemia, no estaría completo sin la participación del abogado Rider Ríos Ribeyros, jefe de la secretaría técnica de procesos administrativos, pero según los denunciantes, cumplió el rol de defensa legal de la gestión.
Su matrimonio con Tamara Vásquez, subgerente de la Contraloría en Ucayali, habría servido para frenar posibles investigaciones, a través de 68 procesos administrativos disciplinarios contra trabajadores que fueron su arma de intimidación contra quienes denunciaron las irregularidades de la gestión.
Además, se hizo de una caja chica jugosa de más de 100,000 soles durante la gestión de Samaniego a sola firma y por “tramitar” hasta ocho diligencias diarias.
Todos estos funcionarios han sido denunciados penalmente a razón de las pesquisas realizadas por la Oficina de Control Interno y la Contraloría, que habrían encontrado suficientes pruebas de contrataciones, adquisiciones irregulares, alquileres sobrevalorados durante la gestión del cuestionado galeno.
Según la información a la que accedió Ímpetu, existen cerca de 20 órdenes de compra y servicios que contienen la palabra COVID-19 y cuya sumatoria bordea los nueve millones de soles en Ucayali, región que al junto con Loreto, representaron el 68% del aporte de muertes por cada 100 mil habitantes en la primera ola. Entre las órdenes destacan distintos alquileres de equipos médicos por valores de hasta 700 mil soles.
Finalmente, los denunciantes señalan que la gestión de Samaniego dejó comprometidos una serie de servicios de forma irregular, es decir, sin llevar a cabo el procedimiento normal. Ello con el fin de favorecer a ciertos proveedores a dedo, que encima solicitaban, mediante cartas notariales, el pago correspondiente a servicios del año pasado que ni siquiera contaban con el requerimiento pertinente del área usuario.
Ímpetu trató de recoger el descargo de Essalud en la región. Miguel Saavedra, jefe del área de comunicación, dijo haber comunicado al actual director, Lucas Borja, y que pronto coordinaría la entrevista, pero el propio Borja desconoció la coordinación y dijo no haber recibido ninguna llamada de Saavedra, a quien los autores de la denuncia expuesta en esta nota lo señalan de ser cómplice de la gestión anterior. “El señor Saavedra está coludido con la gestión anterior, bloquea todo y minimiza las cosas. Todo está judicializado”, apuntó.
“El señor Saavedra está coludido con la gestión anterior, bloquea todo y minimiza las cosas. Todo está judicializado”, apuntó Borja.
Informe publicado por Hugo Alejos en el Diario Ímpetu