Una carta en tono de amenaza y los riesgos para la libertad de expresión
Redacción Vigilante
Publicado 7:13 pm, 18 abril, 2022
Ha pasado más de una semana de emitido el reportaje en conjunto de Panorama y Vigilante, y si bien Pedro Castillo ha negado que el joven de las fotos de una ‘pichanga’ sea Roberto Aguilar Quispe, el ingeniero de 27 años cuya empresa ha ganado obras millonarias con el MTC durante su gobierno, tampoco ha explicado ni aclarado quién es el de las imágenes. “El deber primordial de un medio periodístico es con el público, entonces, para rectificar no basta con creerle al presidente, sino que tendría que corroborar la versión del mandatario”, explica el abogado especialista en libertades informativas Andrés Calderón.
Sigue generando reacciones la carta notarial que el presidente Pedro Castillo remitió la semana pasada a Panorama y Vigilante.pe, por un reportaje televisivo y un informe escrito, respectivamente, difundidos el domingo 10 de abril pasado, en los que se presentaron una serie de fotografías de un partido de futsal en la Videna realizado el 5 de diciembre del 2021, en el que participó el mandatario y habría estado también el joven empresario de 27 años Roberto Aguilar Quispe, representante de la constructora INIP, que ha logrado millonarios contratos con el Estado desde que Perú Libre asumió el gobierno, según dos peritajes especializados a las que fueron sometidas las imágenes.
Lo que Vigilante y Panorama hicieron fue solicitar y recoger las conclusiones del análisis de los peritos Guillermo Napan y Danny Humpire, ambos profesionales de amplia experiencia y de trayectoria reconocida, que señalan que las muestras cotejadas de Roberto Aguilar Quispe tienen una alta correspondencia con las fotos de la ‘pichanga’ en la Videna; es decir, que se trataría de la misma persona. El informe también incluye las declaraciones de testigos del evento al que acudió el mandatario.
En su carta notarial el presidente Castillo niega conocer al joven ingeniero y afirma que la persona que aparece en las imágenes difundidas de la ‘pichanga’ no es Roberto Aguilar Quispe y, por tanto, solicita una rectificación. Pero lo que no aclara el mandatario hasta el momento es quién es entonces el de las fotografías ni lo identifica, y además dice que el reportaje “es un ejercicio abusivo de la libertad de expresión y un intento de desestabilizar a su Gobierno, al margen de afectar su honor y su reputación”.
Solicitar una rectificación a un medio de comunicación es un derecho que le asiste a todo ciudadano, y hacerlo no es, en principio, una amenaza. El problema en la carta remitida por el presidente de la República es la forma y el tono en que lo hace, que incluye otro tipo de advertencias, como querellas judiciales y denuncias penales.
Como bien apunta el abogado Andrés Calderón, catedrático y especialista en libertades informativas, en una columna publicada en El Comercio, “un medio no puede rectificar si no tiene los datos que corrijan la información vertida”. Y si bien Pedro Castillo asegura que el joven de las fotos no es Roberto Aguilar Quispe, luego de más de una semana de emitido el reportaje, el mandatario no dice quién es en todo caso ni ha transparentado la lista de los asistentes al citado partido de futsal.
“Para fundamentar su rectificación, y por transparencia, a Castillo le correspondería aportar la información que sustente su afirmación (…) El deber primordial de un medio periodístico es con el público, entonces, para rectificar no basta con creerle al presidente, sino que tendría que corroborar la versión del mandatario: entrevistar al supuesto asistente al partido de fútbol, a otros testigos, hacer nuevos peritajes que contrasten las imágenes, cotejar los nexos del presidente Castillo con el nuevo sujeto que proporcionen verosimilitud a su presencia en dicho evento, etc. Si el jefe del Estado quisiera, también podría aclarar los supuestos vínculos a través de una entrevista a un medio periodístico, en lugar de enviar cartas notariales intimidatorias e imprecisas”.
Andrés Calderón, abogado especialista en libertad de expresión.
“Es una amenaza”
Por estas razones, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) calificó la carta notarial del presidente Castillo como una “amenaza”, que se suma a otros hechos y ataques continuos del actual gobierno a los medios de prensa.
“El Consejo de la Prensa Peruana considera la carta notarial una amenaza. Evidentemente utilizar un recurso como una carta notarial donde establece que potencialmente podría haber una querella por difamación, lo que implicaría que un periodista pueda hasta ir preso de manera suspendida, por supuesto, es sumamente amenazante”, dijo Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP.
“Nosotros hemos visto el reportaje y lo que hemos encontrado es que hay una debida diligencia periodística y en el caso de difamación es importante tomar en cuenta. No solamente es difamar o no difamar, sino que no haya mala fe que claramente en el reportaje no la hay. En segundo lugar, que haya una debida diligencia, es decir, que se siga un método periodístico determinado”, agregó.
“Es una situación de asedio”
A su turno, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) consideró que la carta de Castillo constituye una situación de “asedio y ataque directo a la libertad de expresión”, debido a que el Ejecutivo ha mantenido, desde el inicio de su gestión un “tono confrontacional” con los medios de comunicación.
“La SNRTV se ve nuevamente obligada a denunciar hechos que atentan gravemente contra la libertad de expresión y el derecho a la información en el Perú, en un contexto de aguda y extendida crisis política, originada exclusivamente por el Gobierno”, se lee en un comunicado.
El IPYS se pronuncia
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también se manifestó sobre la carta notarial del jefe de Estado en la que amenaza con enjuiciar a Panorama y Vigilante, al señalar que, en este caso, además del derecho a réplica que le asiste, Castillo está en condiciones de aportar información que ayude a esclarecerlo, como los nombres de todas las personas que participaron en la referida actividad deportiva.
El IPYS recordó que el Ministerio Público tiene además una tesis que pone al presidente Castillo como presunto líder de una supuesta organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para direccionar obras públicas.
“Castillo ha negado conocer a Aguilar y este también niega cualquier vinculación. El reportaje pone en cuestión ambas afirmaciones, sin abordar el tema de los contratos que son investigados”, puntualizó en un pronunciamiento público.
Por ello, la institución sostiene que “la reacción del presidente de recurrir al derecho penal es incompatible con su obligación de tolerancia ante el máximo escrutinio de la prensa, estándares de libertad de expresión ampliamente reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana”.