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Defensoría presenta hábeas corpus para anular toque de queda que impuso el Gobierno

Redacción Vigilante Publicado 10:41 am, 5 Abril, 2022

Walter Gutiérrez consideró que la medida anunciada por el presidente Pedro Castillo es “desprolija y brutal” que sienta un “precedente” preocupante en el país, porque es un atropello al Estado de derecho y a las libertades individuales.

Así luce el Centro de Lima en las primas horas del toque de queda. (Andina)

El titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, interpuso una demanda de hábeas corpus contra el presidente Pedro Castillo, el premier Aníbal Torres, el ministro de Defensa, José Gavidia; el ministro del Interior, Alfonso Chávarry; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Felix Chero, por la vulneración del derecho a la libertad de tránsito y los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad al disponer inmovilización social obligatoria en Lima y Callao durante 22 horas.

El toque de queda que ha impuesto el Gobierno ante su incapacidad de solucionar el paro de transportistas, que cumple una semana con protestas que se vuelven más violentas, ha sido muy cuestionado por diversos sectores políticos y sociales, y ha generado mucho malestar en la ciudadanía, porque es un atropello al Estado de derecho y a las libertades individuales.

“Se trata de una norma desproporcionada, con carencia de razonabilidad y sin motivación. Cuando se dan este tipo de medidas debe haber una compaginación de la limitación de derechos que se restringen, razones y motivos que fundamentan esta drástica decisión (…) No solo se trata de que solo quedan 22 horas de estado de emergencia sino también se trata de precedente y de una respuesta institucional. No es posible que se eche mano este tipo de medidas de manera tan desprolija y tan brutal”, sostuvo Gutiérrez.

Gutiérrez presentó recurso contra toque de queda.

En esa línea, remarcó que la decisión del gobierno “está divorciada de la realidad”. “El Gobierno hace lo mismo que aquellos que bloquean las carreteras porque impide movilizarse. El 75 % de las personas trabaja de forma informal, se afecta su derecho a la alimentación porque viven del día a día”, agregó.

Así, el defensor argumentó su demanda mediante un oficio enviado al Juez Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y solicitó “admitir la presente demanda, declararla fundada y, por consiguiente, dejar sin efecto la inmovilización obligatoria decretada para el día 5 de abril, desde las 2am hasta las 11:59 pm, así como exhortar a las codemandadas de abstenerse en volver a incurrir en una medida de igual o similar naturaleza, bajo responsabilidad”.

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