EDITORIAL: Vigilar el poder público, implica vigilar al privado, por José Ignacio Beteta

No creo que nadie en su sano juicio se alegre o disfrute al contaminar el mar con petróleo. Así, juzgar intenciones o “maldades” no es correcto ni con respecto a REPSOL, ni la Marina de Guerra del Perú, ni otra entidad involucrada en lo ocurrido hace algunos días en Ventanilla. Nadie quiso que esto ocurriera.

Sin embargo, ocurrido el grave accidente, el más grave de las últimas décadas en litoral limeño, uno puede analizar los hechos y preguntarse qué tanto interés y compromiso ponían los actores en prevenir que un suceso así ocurra. Entremos un poco en detalle en el tema.

REPSOL informa del derrame casi de inmediato, la noche del 15 de enero, pero consignando una cantidad de crudo incipiente, 0.16 barriles. Este número tan exacto, además, no podía tener consonancia con la realidad puesto que en ese momento el derrame continuaba y por lo tanto la cantidad no era estática. ¿Por qué razón lanzaron un número tan poco prudente si sabían que el crudo se seguiría derramando?

En segundo lugar, en su reporte inicial, la empresa advirtió que estaban aplicando las medidas para mitigar el -en ese momento- prácticamente irrelevante incidente, pero recién empezó a hacerlo al día siguiente, con poco personal y con una estrategia que podría sugerir que la trasnacional no contaba con un plan adecuado de contingencia para este tipo de eventos. Si sabía que la cantidad de crudo era mayor, ¿no era más inteligente desplazar todas las energías posibles y salir en medios y prensa con una actitud proactiva y de remedio?

La compañía caminó otro sendero. Primero responsabilizó al volcán Tonga y a la Marina de Guerra del Perú del incidente. Su descargo consistió en decir que, dado que La Marina solo anunció un oleaje anómalo y no una alerta de tsunami, ellos no sabían que su proceso de descarga iba a ser afectado por la erupción volcánica en ultramar. Esto era válido hasta cierto punto. ¿No es acaso evidente que una empresa de dicha envergadura debería tener la tecnología ambiental suficiente para manejar ella misma información directa y privilegiada sobre posibles eventos climáticos que afecten su operación? Claro que sí.

Finalmente, el área de relaciones públicas de la empresa apareció días después formalmente para confirmar su narrativa: culpar a Tonga, a La Marina y a decir que hacían todo lo posible para remediar el problema, y como siempre, esto ya no es suficiente, ni para las redes sociales, ni para la prensa, ni para cualquier ciudadano comprometido con su país.

Temas colaterales. Hablar en estos momentos de alguna renegociación de contratos o estatización de la empresa española es infantil y, por lo tanto, desproporcionado. Darle esta planta al Estado sería un suicidio. Es verdad que Petroperú ha manejado mucho peor el cuidado del oleoducto norperuano y que en sus concesiones se han dado más de 500 derrames en los últimos años, de los cuales el 65% ha sido causado por su incapacidad técnica. Pero distraer las miradas a la selva tampoco es tan válido.

El evento ya ocurrió y toca evaluar minuciosamente qué tan preparada estaba la empresa para prevenirlo, contenerlo y remediarlo. El peso de la ley debe caer de la misma manera sobre funcionarios corruptos, ineficientes e irresponsables, como sobre empresarios que rompen la ley o son irresponsables en la gestión de un recurso tan sensible como el petróleo.