El costo real de sostener empresas estatales: el caso Petroperú bajo la lupa

En el debate público sobre el rol del Estado en la economía, las empresas estatales suelen presentarse como símbolos de soberanía y control estratégico. Sin embargo, la evidencia disponible muestra que, cuando estas organizaciones operan con pérdidas sostenidas y requieren inyecciones constantes de recursos públicos, el impacto recae directamente sobre los contribuyentes. El caso de Petroperú es uno de los más representativos: una empresa que, pese a múltiples rescates financieros, continúa acumulando pérdidas y comprometiendo recursos que podrían destinarse a servicios esenciales.

Un modelo que consume recursos públicos crecientes

Según información oficial, Petroperú ha recibido más de S/ 22 mil millones en aportes, garantías y rescates financieros en los últimos 15 años. Estas transferencias incluyen capitalizaciones, préstamos avalados por el Estado y garantías para cubrir obligaciones con proveedores y acreedores. Solo entre 2022 y 2023, la empresa registró pérdidas superiores a S/ 3,000 millones, impulsadas por problemas operativos, sobrecostos y dificultades para financiar la operación de la Refinería de Talara.

Mientras tanto, la empresa mantiene una estructura salarial elevada. Informes de la Contraloría y reportes públicos señalan que existen gerencias con remuneraciones superiores a los S/ 50,000 mensuales, además de beneficios complementarios como clubes, espacios recreativos y gastos administrativos que contrastan con la situación financiera de la compañía.

Un mercado que ya no depende de Petroperú

Uno de los argumentos más frecuentes para justificar la permanencia de Petroperú es su rol en zonas donde el sector privado no llega. Sin embargo, datos del propio mercado de combustibles muestran un escenario distinto. Actualmente, los grifos privados abastecen alrededor del 80% del territorio, mientras que Petroperú participa en aproximadamente el 20%. Esto representa un cambio significativo respecto a décadas anteriores, cuando la empresa estatal tenía mayor presencia en zonas alejadas.

Además, el Perú importa más del 80% del combustible que consume, según cifras del Ministerio de Energía y Minas. Esto se debe a que el país no figura entre las naciones con grandes reservas de petróleo, lo que limita la capacidad de producción local. La Refinería de Talara, uno de los proyectos más costosos del Estado, ha enfrentado episodios de fallas técnicas, inundaciones e interrupciones operativas que han afectado su rendimiento.

El costo de oportunidad: lo que no se financia cuando se rescata a una empresa estatal

Los recursos destinados a cubrir las pérdidas de Petroperú provienen del presupuesto público. Es decir, del dinero recaudado a través de impuestos pagados por trabajadores, emprendedores y empresas. Con los más de S/ 22 mil millones transferidos a la empresa en los últimos años, especialistas señalan que se podrían haber financiado obras de infraestructura, hospitales, colegios, carreteras y servicios básicos que hoy presentan brechas significativas.

Este fenómeno es comparable a la administración de un fondo común vecinal: cuando los recursos destinados a seguridad, limpieza o mantenimiento se desvían para sostener un negocio que no genera ingresos suficientes, el deterioro del entorno es inevitable. En el caso del Estado, el costo se refleja en servicios públicos insuficientes y en la necesidad de reasignar presupuesto para cubrir déficits recurrentes.

Un debate que requiere información, no consignas

Aunque algunos actores políticos plantean la posibilidad de “recuperar” o “rescatar” Petroperú, los datos muestran que la empresa ha atravesado más de una década de dificultades financieras, múltiples inyecciones de capital y una pérdida progresiva de participación en el mercado. La discusión sobre su futuro no solo involucra consideraciones ideológicas, sino también la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

En un contexto donde la confianza institucional es baja y las demandas sociales son altas, entender cómo se financian y operan las empresas estatales es clave para evaluar su rol real en la economía. Porque, al final, cada rescate tiene un costo, y ese costo lo asume la ciudadanía a través de los impuestos que financian al Estado.