Alerta FMI: Petroperú, gasto público y el costo para el contribuyente

La economía peruana entra al tramo preelectoral con una presión sobre las cuentas públicas que ya no responde solo al contexto económico, sino a decisiones políticas que están volviendo más pesado el gasto del Estado. En el centro de esa preocupación están las 11 leyes aprobadas por el Congreso solo en marzo, con un costo anual estimado de S/ 11,400 millones, según el Consejo Fiscal, monto que podría acercarse a S/ 15,000 millones al sumar otras medidas aprobadas a fines de 2025. En ese escenario, la alerta del Fondo Monetario Internacional (FMI) es directa: “con las políticas actuales, el déficit fiscal alcanzaría el 2 por ciento del PIB en 2026”.

El punto crítico no es solo que el gasto aumente, sino que se consolide un sistema laboral que no responda a procesos meritocráticos. Por eso, el FMI pide “resistirse a iniciativas legislativas de gasto sin financiación”, porque estas medidas generan obligaciones permanentes y terminan quitándole espacio a obras, seguridad y servicios públicos.

Las 11 leyes que explican la alerta fiscal

Los ejemplos más claros de este problema están en tres frentes principales. El primero es el aumento de pensiones a maestros jubilados y cesantes, que por sí solo supera los S/ 8,000 millones al año. El segundo es la entrega de gratificaciones y CTS a trabajadores CAS, con un impacto cercano a S/ 3,000 millones anuales. El tercero es la bonificación a veteranos que combatieron el terrorismo, que añade alrededor de S/ 180 millones por año. Solo estas tres normas concentran la mayor parte del costo fiscal aprobado en marzo y explican la preocupación del FMI.

La dimensión del gasto se entiende mejor al compararlo con otras prioridades. El propio Consejo Fiscal advierte que esos S/ 11,400 millones equivalen a 8.6 veces Pensión 65, 7.7 veces el presupuesto de becas educativas y 3 veces los recursos para combatir la desnutrición crónica infantil. Pero el problema no es solamente el monto. Para aterrizar la magnitud de la cifra, esos S/ 11,400 millones también equivalen, por ejemplo, a la construcción de casi 193 colegios del tipo recientemente anunciado por el Minedu, o alrededor de 42 hospitales, tomando como referencia proyectos hospitalarios públicos ya ejecutados. Más allá de la cifra, el punto de fondo es que seguir destinando recursos a gasto fijo no garantiza mejores servicios para los ciudadanos. Sin una mejor gestión, meritocracia y control del gasto, el riesgo es seguir ampliando obligaciones permanentes mientras el país mantiene brechas visibles en infraestructura educativa y sanitaria.

No más rescates a Petroperú

A esa presión se suma Petroperú, que sigue afectando la caja fiscal mientras el Ejecutivo mantiene su política de apoyo. Solo en 2025 reportó pérdidas por US$ 468 millones, y entre 2022 y 2025 ya recibió más de S/ 17,800 millones en apoyo estatal, incluyendo una nueva inyección reciente de más de S/ 500 millones.

Aquí es donde la advertencia del FMI se vuelve más fuerte: el apoyo estatal no puede convertirse en permanente. El organismo remarca que cualquier respaldo debe tener “cláusulas claras de caducidad”, porque de lo contrario Petroperú seguirá compitiendo directamente con recursos para infraestructura, salud, educación y seguridad. En efecto, el Estado no puede seguir destinando dinero de los contribuyentes a sostener empresas públicas quebradas, menos aún en un contexto de déficit fiscal y de necesidades urgentes en servicios básicos.

En año electoral, esa combinación entre 11 leyes que crean gasto fijo y una empresa estatal que sigue requiriendo rescates puede convertirse en una de las mayores amenazas para la estabilidad económica del próximo quinquenio, trasladando el ajuste a más deuda, menos inversión pública o más presión para subir impuestos en el futuro.