Más dinero para Petroperú: el costo de insistir en un modelo que ya fracasó

El Gobierno ha aprobado una nueva inyección de más de S/500 millones para Petroperú. No es una medida excepcional. Es la continuidad de una política que ya ha comprometido más de US$6,500 millones en capitalizaciones, garantías y líneas de crédito desde el 2021.

La justificación vuelve a ser la misma: “problemas de liquidez”. Pero una empresa que necesita miles de millones en respaldo estatal no enfrenta un bache, enfrenta una inviabilidad estructural. Y eso ya se ve en su operación diaria. Por falta de recursos, Petroperú ha tenido que reducir su producción de combustibles. La refinería de Talara —su principal activo— venía operando alrededor de 65.000 barriles diarios, muy por debajo de su capacidad de 95.000. El financiamiento anunciado no apunta a expandir ni mejorar el negocio, sino a cubrir lo básico: comprar crudo para sostener la operación. Es decir, el rescate no impulsa el crecimiento, apenas evita que la operación se detenga.

Petroperú arrastra deudas que superan los US$8,000 millones, ha perdido participación en el mercado y no puede sostener su operación sin apoyo público. No genera caja suficiente. No accede a financiamiento sin aval del Estado. No se sostiene por sí sola. Es, en la práctica, una empresa quebrada que se mantiene operativa únicamente porque el contribuyente la financia.

Un problema estructural que paga el contribuyente

Cada nuevo rescate confirma que el problema no es coyuntural, es un esquema que depende de transferencias constantes para no colapsar. S/500 millones no son un número abstracto: son recursos que dejan de ir a servicios básicos en un país con brechas urgentes. Es dinero que se retira de necesidades reales —luz, agua, salud, educación y transporte— para cubrir las pérdidas de una empresa que no logra sostenerse por sí misma.

Pero el impacto más grave es otro: el deterioro de la disciplina fiscal, la capacidad del Estado para usar bien el dinero público, no gastar más de lo que tiene y priorizar en qué se invierte sin hipotecar el futuro.

Cuando el Estado absorbe pérdidas de manera recurrente, instala una regla implícita: el riesgo no lo asume quien decide, lo paga el contribuyente. Ese esquema no solo es regresivo, también es ineficiente.

Además, la señal al mercado es negativa. En una economía donde cerca del 80% de la inversión es privada, sostener empresas deficitarias con recursos públicos eleva la percepción de riesgo, encarece el financiamiento y afecta decisiones de inversión. El costo no termina en Petroperú: se traslada a toda la economía.

Intentos fallidos de reforma: la política blindado el problema

Petroperú no llegó a esta situación por falta de advertencias. Llegó porque, durante décadas, distintos gobiernos decidieron no reformarla.

En los años noventa, mientras el país privatizaba electricidad, telecomunicaciones y minería bajo el gobierno de Alberto Fujimori, Petroperú no fue incluida en un proceso de privatización integral. La reforma del sector fue clara: con la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley N.º 26221, 1993), el Ejecutivo abrió la exploración y producción a operadores privados, lo que redujo progresivamente el rol de la empresa estatal en ese segmento. Sin embargo, a diferencia de otros sectores, Petroperú se mantuvo bajo control estatal, con una participación cada vez más limitada y sin una transformación estructural que le permitiera competir en el nuevo esquema.

En los años siguientes, los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García mantuvieron ese mismo esquema. Se promovió la inversión privada en hidrocarburos mediante contratos y concesiones, mientras Petroperú seguía sin capacidad productiva relevante. La empresa no se modernizó ni se fortaleció: simplemente se mantuvo.

El punto de quiebre llegó en el gobierno de Ollanta Humala. En 2013 se aprobó la Ley N.º 30130, que autorizó la modernización de la refinería de Talara, pero al mismo tiempo prohibió expresamente la participación privada en el capital de Petroperú durante la ejecución del proyecto. Es decir, se decidió comprometer miles de millones de dólares en inversión pública mientras se cerraba la puerta a compartir el riesgo con el sector privado. Se blindó políticamente la empresa y se trasladó el riesgo al Estado.

Los gobiernos posteriores no corrigieron el rumbo. Durante las gestiones de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti no se impulsó una reforma estructural. Y en los últimos años, bajo Pedro Castillo y Dina Boluarte, la decisión ha sido explícita: descartar cualquier discusión sobre privatización o apertura de capital y sostener la empresa mediante rescates financieros.

El resultado es una línea continua de decisiones políticas: evitar la reforma, bloquear la participación privada y usar recursos públicos cuando el modelo falla. Petroperú no se financia sola. Y mientras no se tomen decisiones de fondo —reestructuración real, apertura al capital privado o redefinición del rol del Estado— el desenlace es previsible: nuevos rescates. No hay punto intermedio. Seguir inyectando dinero no corrige el problema, lo posterga. Y ese costo ya no es político: es fiscal. Lo pagan los peruanos.