Sueldos públicos superan en 22% a los privados pese a menor productividad del Estado

Los ingresos de los trabajadores del Estado continúan creciendo a un ritmo mayor que los del sector privado, ampliando la brecha salarial entre ambos sectores. Según datos oficiales, en 2025 el ingreso promedio mensual de los empleados del sector público alcanzó los S/ 4,117, mientras que en el sector privado el promedio se ubicó en S/ 3,378. Es decir, alrededor de 22% menos que en el sector público. El ingreso promedio del total de trabajadores formales fue de S/ 3,520, lo que confirma que las remuneraciones estatales se mantienen por encima del promedio del mercado laboral.

La información, basada en estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), muestra además que los salarios del sector público se encuentran alrededor de 10% por encima de su nivel de 2019, mientras que los ingresos del sector privado aún permanecen 3.1% por debajo del nivel prepandemia en términos reales. Esta divergencia evidencia una recuperación desigual del mercado laboral formal.

El aumento de las remuneraciones públicas también se refleja en el gasto estatal. El pago de remuneraciones y obligaciones sociales alcanzó aproximadamente S/ 73,311 millones en 2025, equivalente a cerca de 6.1% del PBI, y el presupuesto proyecta que el gasto en planillas llegue a S/ 93,538 millones en 2026, cerca de 12% más que el año anterior. Con ello, el pago de personal se consolida como uno de los principales componentes del gasto corriente del Estado.

Mientras tanto, el sector privado enfrenta un escenario distinto. Actividades como comercio, manufactura, servicios y construcción todavía registran ingresos reales por debajo de los niveles prepandemia. Esta situación ocurre en una economía donde más del 70% del empleo es informal, lo que limita la productividad y reduce la base tributaria que financia el presupuesto público. En esa línea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que la productividad laboral del sector privado suele ser entre 20% y 40% mayor que la del sector público en ocupaciones comparables, debido a que las empresas operan bajo incentivos directos de eficiencia, competencia y generación de ingresos. Una diferencia que se da mientras las planillas estatales siguen creciendo.

Desde la perspectiva de la Asociación de Contribuyentes del Perú, el incremento sostenido de sueldos y planillas en el Estado resulta problemático cuando no está acompañado por mejoras claras en la eficiencia del gasto público ni en los resultados que recibe la ciudadanía, como servicios públicos de mayor calidad o infraestructura que impacte en la vida de las personas. La organización sostiene que el crecimiento del gasto corriente ha reducido el espacio fiscal para la inversión. En los últimos años, la ejecución de inversión pública se ha mantenido alrededor del 70% del presupuesto asignado, lo que refleja dificultades para convertir los recursos fiscales en proyectos concretos.

Además, el financiamiento de estas remuneraciones proviene en gran medida de un grupo reducido de contribuyentes. En Perú, menos del 30% de la fuerza laboral pertenece al sector formal, lo que significa que una minoría de trabajadores y empresas sostiene la mayor parte de la recaudación tributaria. Y en la práctica, una parte importante de esos impuestos termina financiando una burocracia estatal que sigue creciendo, mientras los resultados en bienestar siguen mostrando rezagos estructurales: alrededor del 29% de la población vive en situación de pobreza, 7 de cada 10 escolares no comprende lo que lee al finalizar la educación básica, y la anemia infantil afecta a cerca del 43% de los niños menores de tres años, según cifras oficiales.

Bajo este enfoque, la Asociación sostiene que el problema no es solo cuánto se paga, sino cuánto crece la estructura estatal. Para Camila Costa, directora de la ACP, “el país no necesita un Estado más grande en número de empleados, sino uno más eficiente y con mejor gestión del gasto público”. Por ello, plantea que antes de seguir ampliando planillas o aprobar aumentos salariales generalizados, el Estado debería reducir el crecimiento del aparato burocrático y vincular las remuneraciones a resultados y productividad institucional. El incremento del gasto corriente solo traslada mayores costos a los contribuyentes sin garantizar un mejor desempeño del Estado.