Huelga en Petroperú: el mito de la empresa estratégica ya no se sostiene, por José Ignacio Beteta

Después de mucho tiempo, y como una señal que no conviene ignorar, los sindicatos de trabajadores de Petroperú S.A. han llamado a huelga. En una empresa sana, una huelga es una disputa laboral. En una empresa quebrada de facto, sostenida con oxígeno fiscal y promesas políticas, una huelga es otra cosa: un síntoma de que el modelo está llegando al límite.

Y entonces vuelve la pregunta que siempre reaparece cuando se discute Petroperú: ¿es una empresa “estratégica” que el Perú debe defender?

La respuesta —por incómoda que sea para algunos— es no.

En el debate público peruano, lo “estratégico” suele confundirse con lo grande, lo histórico o lo simbólico. Pero una empresa estratégica no se define por el tamaño de su edificio, ni por el peso de su pasado. Se define por su propósito, por su utilidad real para el país y, sobre todo, por su sostenibilidad económica en tiempos críticos: precios del crudo volátiles, shocks logísticos, presión cambiaria, incertidumbre geopolítica. Es precisamente ahí donde una empresa estratégica debería demostrar músculo. Petroperú muestra lo contrario: fragilidad financiera, dependencia del Estado y una exposición permanente al riesgo.

A esa debilidad se suma un dato que desmonta otro de los grandes mitos: su alcance se achica. Petroperú reporta cerca de 29% de participación en el mercado nacional en 2024, pero distintas estimaciones la ubican por debajo del 25% y en caída año tras año. No estamos hablando de un “pilar del abastecimiento”, sino de un actor cada vez más marginal en un mercado donde la competencia ya asegura oferta. Es cierto que llega a zonas alejadas. Pero para cumplir ese rol no necesita el tamaño que hoy tiene. Si el problema es la última milla, lo razonable es una solución focalizada: distribución y comercialización local, incluso con un subsidio transparente y limitado si fuera estrictamente necesario. Lo demás es gigantismo estatal mal administrado.

Hay quienes sostienen que Petroperú se justifica por “seguridad energética”. La frase suena bien, pero no resiste un análisis serio. La seguridad energética moderna no se garantiza con propiedad estatal: se garantiza con reglas, supervisión y capacidad de respuesta. El Perú ya tiene mecanismos regulatorios para asegurar continuidad de abastecimiento, como obligaciones de existencias mínimas para mayoristas bajo normativa sectorial supervisada por Osinergmin. Eso es defensa real: asegurar stock, diversificar abastecedores, fiscalizar cumplimiento, sancionar incumplimientos. No comprar el cuento de que sin Petroperú el país se apaga.

Porque, además, ¿qué tipo de “defensa” es una empresa que no puede garantizar confiabilidad operacional? Un activo estratégico, por definición, debe funcionar. Petroperú acumula episodios públicos de incendios, inundaciones, rupturas del oleoducto y una larga lista de contingencias que no deberían ser normales en un operador que se vende como “clave” para el país. Si tu supuesta garantía energética está llena de fallas, no es un escudo: es un riesgo interno que el Estado arrastra por decisión política.

Y el problema se agrava cuando miramos la infraestructura más sensible: el Oleoducto Norperuano. La narrativa oficial insiste en su importancia amazónica, pero el registro de ataques, conflictos y dificultades de continuidad muestra una realidad distinta: vulnerabilidad persistente. Cuando la infraestructura es frágil, la estrategia inteligente no consiste en idolatrar una sola empresa, sino en fortalecer la resiliencia del sistema completo: contingencias, rutas alternativas, fiscalización, inteligencia contra el robo de combustibles, logística de emergencia, y capacidad real de abastecimiento frente a desastres.

De hecho, Petroperú puede terminar debilitando aquello que dice proteger. Cada vez que el Estado absorbe pérdidas, rescata deuda o financia agujeros, hay un costo de oportunidad. Ese dinero no cae del cielo. Sale de los contribuyentes. Y lo que se deja de financiar es precisamente lo que sí mejora seguridad energética: persecución del crimen organizado que roba y trafica combustibles, fortalecimiento de Osinergmin, Sunat y Aduanas, infraestructura crítica, stock estratégico público, respuesta ante desastres, mantenimiento de redes y control territorial.

En otras palabras: el mito de Petroperú como “empresa estratégica” nos sale carísimo porque nos distrae de lo estratégico de verdad.

Y aquí viene la parte más importante, la que debería cerrar el debate con honestidad nacional: el Perú no es una potencia petrolera. No tenemos amplias reservas de crudo. No podemos seguir actuando como si el petróleo fuera nuestra columna vertebral. Nuestra soberanía no se juega en sostener una petrolera estatal con problemas estructurales. Se juega en otros frentes donde sí podemos ser fuertes: seguridad alimentaria, seguridad hídrica, seguridad energética basada en reglas y competencia, y sobre todo autonomía financiera con reservas internacionales y una economía que cuide los recursos públicos.

El Perú ya es —en potencia— una potencia. Pero no por el petróleo.

Por eso, frente a la pregunta de si Petroperú es una empresa estratégica que debemos defender, la respuesta correcta es simple: no. Lo que debemos defender es el interés del contribuyente, el abastecimiento con reglas y un Estado que invierta donde realmente protege al país, en lugar de sostener símbolos que nos cuestan más de lo que nos aportan.