Facultades tributarias: ¿reforma necesaria o más control sin rumbo claro?

Con la aprobación de la Ley 32527, el Congreso otorgó al Ejecutivo 60 días de facultades legislativas para legislar en materias clave, entre ellas economía y tributos. El objetivo oficial es mejorar la recaudación, combatir la evasión y fortalecer el sistema tributario sin elevar impuestos. Sin embargo, desde la mirada del tributarista Jorge Picón, el enfoque del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) resulta insuficiente y desconectado de los verdaderos problemas estructurales.

Decisiones rápidas, dudas profundas

El 14 de diciembre, el Congreso autorizó al Ejecutivo a emitir decretos legislativos en temas de seguridad, economía, fortalecimiento institucional y tributación. En el plano económico y tributario, el MEF busca acelerar reformas relacionadas con impuestos, aduanas e inversión pública y privada.

Esto permitirá al gobierno modificar reglas de recaudación, fiscalización y control en un corto plazo y sin el debate parlamentario habitual. Para Picón, la sola invocación de una mejora en la recaudación o de una ampliación de la base tributaria no resulta suficiente si no se explica de manera concreta cómo se alcanzarán esos objetivos.

Reforma a la Ley Penal Tributaria: una urgencia discutible

Entre las propuestas del Ejecutivo figura la actualización de la Ley Penal Tributaria, vigente desde hace más de veinte años, con el argumento de incorporar delitos digitales vinculados a pagos electrónicos, criptomonedas y ciberseguridad.

Picón considera que la urgencia de esta reforma no está claramente justificada. Desde su perspectiva, la evasión tributaria ya se encuentra tipificada en la normativa vigente, incluso cuando se utilizan nuevos medios tecnológicos. Por ello, plantea que más que un vacío legal, la propuesta parece responder a una actualización formal sin demostrar que el marco actual sea insuficiente.

Detracciones: más control, menos privacidad

Otra medida planteada es permitir que la Sunat acceda a los fondos de detracciones de grandes empresas, un mecanismo que hoy se aplica principalmente a las mypes. Las detracciones consisten en la retención de un porcentaje del pago de una operación para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Aunque el Ejecutivo sostiene que busca igualar el trato entre contribuyentes, Picón advierte que esta iniciativa implica una mayor intromisión en la esfera privada de las empresas. En su análisis, no se ha presentado un sustento técnico profundo que justifique por qué la administración tributaria debería acceder directamente a las cuentas de los contribuyentes formales.

IGV y subvaluación: atacar los vacíos, no la informalidad

El MEF también propone cambios en el régimen de percepciones del IGV con el objetivo de evitar la subvaluación de productos y mejorar la recaudación. La subvaluación consiste en declarar precios menores a los reales para reducir el pago de impuestos.

Para Picón, este enfoque podría corregir fallas normativas, pero deja intacto el problema central de la informalidad. Actividades económicas enteras, como la minería ilegal, permanecen fuera del sistema tributario sin una respuesta eficaz de la Sunat. Como consecuencia, las medidas terminan concentrándose en quienes ya están dentro de la formalidad.

Recaudar más sin subir impuestos: una ecuación incompleta

El discurso oficial sostiene que es posible aumentar la recaudación sin elevar impuestos. Sin embargo, Picón cuestiona cómo se puede lograr ese objetivo si no se amplía de manera real la base tributaria. Desde su perspectiva, la clave está en facilitar la formalización. Mientras ser formal siga siendo costoso, complejo y poco atractivo, la mayoría de actividades económicas continuará al margen del sistema. En ese escenario, los esfuerzos por recaudar más terminan recayendo sobre los pocos contribuyentes que ya cumplen.

Las facultades legislativas en materia tributaria abren la puerta a cambios rápidos y de gran alcance, pero también al riesgo de decisiones mal orientadas. El problema de fondo, según los expertos, es el enfoque que el MEF y la Sunat mantienen frente a la baja recaudación. Se prioriza el aumento del control, el acceso a información y la fiscalización, pero no se avanza en simplificar la formalidad ni en hacerla accesible. La falta de claridad sobre la necesidad y el impacto real de las reformas genera desconfianza entre empresas y contribuyentes.