Ineficiencia estatal empuja a 19 regiones al nivel más bajo de competitividad

El Índice de Competitividad Regional del Perú (ICRP) 2025, elaborado por Centrum PUCP, reporta un retroceso generalizado: Diecinueve regiones aparecen en el nivel “extremo bajo”, mientras que solo Lima Metropolitana y el Callao se mantienen en el nivel “medio alto”.

El informe señala que, tras casi una década de mediciones, los avances logrados hasta 2021 se han debilitado por la inestabilidad política, el bajo dinamismo económico y la ausencia de políticas públicas orientadas a cerrar las brechas territoriales. El índice evalúa a las 26 regiones del país, incluyendo Lima Metropolitana y Lima Provincias, en cinco pilares: Economía, Gobierno, Infraestructura, Empresas y Personas.

El ICRP 2025 también precisa que solo 7 regiones mejoraron sus capacidades, mientras que 19 se mantuvieron o retrocedieron. Las regiones que mejoraron —aunque no salieron del último nivel de competitividad “extremo bajo”— fueron Puno, San Martín, Cajamarca, Loreto, Lima Provincias, Tumbes y Amazonas.

Desempeño por pilares

• El pilar de Economía evidencia el deterioro más pronunciado en la competitividad regional. En 2025, el promedio nacional retrocedió de 25.1 a 23.2 puntos, evidenciando un menor dinamismo productivo, la debilidad de la inversión privada y una creciente vulnerabilidad frente a la incertidumbre interna. Solo seis regiones lograron mejorar, mientras que 20 retrocedieron. Entre los indicadores evaluados figuran el PBI per cápita, el ingreso promedio del hogar, el empleo formal y el valor agregado industrial.
  A pesar del descenso generalizado, Lima Metropolitana (63.5), Moquegua (52.9) e Ica (42.1) lideran el pilar y son las únicas que no se encuentran en el nivel “extremo bajo”, en el que se ubican las otras 23 regiones. Aunque las posiciones de las tres regiones mencionadas tampoco son alentadoras, pues se encuentran en los rangos de “medio bajo”, “bajo” y “muy bajo”, respectivamente. Estos resultados son consecuencia de una estructura económica profundamente desequilibrada, con un reducido grupo de territorios capaces de sostener capacidades productivas frente a una mayoría que enfrenta severas limitaciones para su desarrollo.
• El pilar Empresas también registra un descenso de 41.9 a 40.1 puntos atribuido a un entorno de negocios más incierto y de menor confianza para invertir. Los mejores resultados corresponden a Moquegua (73.2), Lima Metropolitana (52.6) e Ica (52.2); mientras que los menores desempeños se encuentran en Huancavelica (27.5), Amazonas (25.6) y Tumbes (25.0).
  El número de regiones en nivel “extremo bajo” pasó de 5 a 6, y las ubicadas en “muy bajo” aumentaron de 13 a 15. Este retroceso no solo responde a dinámicas privadas, sino también a la incapacidad del Estado para ofrecer un entorno estable, amigable y predecible para la actividad empresarial. El reporte destaca que el sistema financiero y el tejido empresarial formal se concentran en Lima Metropolitana y capitales regionales, mientras que territorios andinos y amazónicos muestran menor acceso al crédito, menos empresas innovadoras y mayores niveles de informalidad.
• El pilar Infraestructura continúa siendo una de las áreas con mayor rezago: 24 regiones se encuentran en nivel “extremo bajo”. El informe indica que entre las regiones que cayeron están Áncash, La Libertad, Lima Provincias, San Martín, Loreto, Ayacucho, Apurímac, Huánuco y Amazonas que padecen limitaciones en conectividad. Solo Lima Metropolitana y Callao alcanzan niveles “medio bajo” y “bajo”, respectivamente. Estas son consideradas casos atípicos por su red vial pavimentada, acceso a energía y telecomunicaciones.
  A este panorama regional se suma la ineficiencia del Estado en la ejecución de obras públicas. Por ejemplo, en Puno, proyectos activos acumulan retrasos promedio de 876 días y presentan sobrecostos superiores al 100%, con casi un 30% de iniciativas sin reporte de avance. Además, en varias regiones amazónicas y andinas una gran parte del presupuesto se destina a gastos corrientes, como planillas, dejando solo alrededor del 25% para inversiones en obras, lo que paraliza proyectos clave.
• El pilar de Gobierno muestra un desempeño más equilibrado que el de Economía, aunque también registra retrocesos en comparación con el año anterior. Los primeros lugares los ocupan Lima Metropolitana (69.2), Moquegua (61.1) y Tacna (53.4), mientras que Lambayeque (41.0), Ucayali (39.8) e Ica (36.8) se ubican en los últimos puestos. Aunque regiones como Amazonas (51.0) y Puno (46.9) presentan mejoras, estas no logran compensar las caídas observadas en la mayoría de territorios.
  El sur del país muestra, en general, mejores niveles de gestión pública que el norte, reflejando diferencias persistentes en capacidad institucional, calidad de la administración regional y eficiencia en la ejecución del gasto. Estas brechas confirman que, pese a la relativa estabilidad del pilar, la consolidación de un Estado más efectivo continúa siendo un desafío para la competitividad territorial.
• El pilar de Personas también muestra retrocesos en 2025. El top 3 está conformado por Lima Metropolitana, Moquegua y Arequipa, todas ubicadas en el nivel “medio bajo”, lo que evidencia que incluso las regiones mejor posicionadas enfrentan limitaciones en el desarrollo de capacidades humanas. El informe señala que la costa presenta los mejores indicadores, mientras que las regiones de la selva continúan en los últimos lugares debido a brechas persistentes en acceso a servicios básicos, educación, salud y oportunidades laborales.
  Además, territorios como Áncash, La Libertad, Lima Provincias, San Martín, Loreto, Ayacucho, Apurímac, Huánuco y Amazonas registraron caídas en puntaje o posiciones, lo que confirma un deterioro generalizado en la calidad de vida y en la capacidad de las regiones para desarrollar talento, atraerlo o retenerlo. En conjunto, estos resultados revelan que las mejoras sociales aún no logran consolidarse y que las brechas territoriales en bienestar continúan afectando la competitividad regional.

La persistencia de estas brechas evidencia que el país carece aún de políticas sostenidas que impulsen un crecimiento más equilibrado. Sin un esfuerzo concertado para fortalecer la eficacia del Estado, asegurar reglas claras y mejorar la eficiencia en la inversión pública, el Perú seguirá operando con bases frágiles y con regiones que no logran desplegar su potencial. El desafío, por tanto, no solo es técnico, sino profundamente institucional.