Alertan que beneficios a maestros elevan el gasto público sin mejorar la educación

El Consejo Fiscal identificó que en los últimos años el Congreso ha aprobado diversas normas que comprometen el equilibrio fiscal del país. La mayoría de estas leyes, impulsadas por congresistas de Perú Libre, Juntos por el Perú y el bloque magisterial, otorgan beneficios a los docentes del sector público sin una evaluación clara de su impacto en la educación.

Un caso emblemático es la Ley 31495, aprobada en junio de 2022, que reconoce una bonificación especial para los docentes por la planificación de clases, evaluación y elaboración de documentos de gestión. La norma creó el Fondo de Bonificaciones Magisteriales, con un costo estimado de S/ 40 561 millones, sin que se evidencie una mejora concreta en el aprendizaje de los estudiantes.

Además, los proyectos de ley 3864, 4786 y 8911 buscan elevar las pensiones de los maestros jubilados al nivel de la primera escala magisterial (S/ 3 300), lo que implicaría un gasto adicional de S/ 5 400 millones anuales, según el Consejo Privado de Competitividad.

Aunque el presupuesto del sector Educación para 2025 asciende a S/ 49 611 millones, el 65% se destina al pago de sueldos y planillas, mientras que los resultados siguen siendo preocupantes. De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo 3 de cada 10 niños entienden lo que leen y apenas el 22.5 % de los alumnos de cuarto grado alcanza un nivel satisfactorio en matemáticas.

Como ha informado Vigilante.pe anteriormente,  el sueldo de los docentes se ha duplicado en los últimos cinco años y el presupuesto creció en un 93% en la última década, pero los aprendizajes no. Para el Consejo Fiscal, los beneficios aprobados sin planificación ni mérito comprometen la estabilidad económica del país y no garantizan una educación de calidad.