Hasta 139 días demora abrir una empresa mediana en Perú

Abrir una empresa que busca ser mediana en el Perú requiere, en promedio, 3.331,5 horas de trámites administrativos, equivalentes a 139 días calendario. Esto ubica a nuestro país en la cuarta peor posición entre los 21 países analizados en el estudio Índice de Barreras Burocráticas 2025. A ello se suma una estructura tributaria que penaliza el crecimiento, haciendo más rentable permanecer como pequeña empresa que escalar a la categoría mediana, lo que genera una economía atomizada, perpetúa la informalidad y frena la productividad.

La demora en la gestión de requisitos administrativos para iniciar operaciones generan costos de entrada desproporcionados para el tamaño promedio de las empresas peruanas. Esta situación evidencia la urgencia de una reforma del proceso de apertura empresarial, orientada a la simplificación normativa y a la eficiencia del Estado.

Trámites de funcionamiento

Las medianas empresas de los tres sectores productivos analizados dedican en promedio 3,471.07 horas al año a atender trámites de funcionamiento, lo que equivale a aproximadamente 145 días calendario. Esto ubica a Perú como el tercer peor país de todo el estudio.

Esta carga administrativa representa un serio obstáculo para la productividad y sostenibilidad del negocio, especialmente en sectores donde los recursos humanos y financieros son limitados. Pese a contar con plataformas digitales en muchas entidades, las empresas deben cumplir con trámites cuyos requisitos son poco claros, tediosos y lentos, lo que incrementa la dependencia de intermediarios y eleva los costos.

Este escenario refleja la urgente necesidad de simplificar el marco normativo y reducir las cargas administrativas y tributarias, bajo un enfoque que promueva la formalización como una política de Estado, no como una traba al crecimiento.

Para Carlos Diaz-Rosillo, director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom, institución que lidera y auspicia el estudio en 21 países hispanoamericanos, “en un contexto donde la eficiencia estatal y la calidad regulatoria se han convertido en pilares cruciales para la competitividad de las naciones, este estudio ofrece un análisis empírico de altísimo valor. La investigación no solo mide las cargas burocráticas que enfrentan las empresas al momento de abrir y operar formalmente, sino que cuantifica sus costos económicos, su impacto en la productividad nacional y su efecto disuasorio sobre la inversión y la formalización”.

Camila Costa, investigadora principal de Asociación de Contribuyentes del Perú, afirma: “en el 2026 necesitamos con urgencia un nuevo gobierno que reduzca burocracia, planilla estatal y realice una verdadera reforma radical de la estructura estatal, si no, nos quedaremos definitivamente estancados en la carrera global por la competitividad y la productividad”.

Resultados para los 21 países analizados en el Índice

El Índice de Burocracia de Apertura arroja un promedio anual de 1,850 horas, lo que equivale a 231 jornadas laborales de 8 horas, o aproximadamente 8 meses laborales, con un mínimo de 35 jornadas laborales en Brasil y un máximo de alrededor de 2 años, en Chile.

El Índice de Burocracia de Funcionamiento 2025 arroja un promedio de 1,577 horas anuales, equivalente a 6 meses y 10 días laborales de ocho horas al año, lo que implica que el 76 % del tiempo de trabajo anual de un empleado se dedica exclusivamente a cumplir con obligaciones burocráticas exigidas por el sector público.

Si consideramos que los países bajo estudio cuentan, en promedio, con 1,8 millones de empresas activas y que cada año se crean aproximadamente 262.000 nuevas empresas, los costos de apertura ascenderían a USD 16 billones, y los de funcionamiento, a USD 94,5 billones anuales. En conjunto, esto representa un costo de oportunidad potencial de USD 110,5 billones anuales, equivalente a cerca del 13 % del PIB y al 42 % de las exportaciones de los países analizados.

Sobre el Índice de Barreras Burocráticas 2025

En su edición 2025, el índice se enfoca en la mediana empresa y amplió su alcance a 21 países: 16 latinoamericanos, dos de la Commonwealth del Caribe y tres europeos, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay; que, de forma conjunta, representan casi el 10 % de la población mundial y cerca del 10 % del producto global.