Servidores públicos en el Perú: el reto de recuperar la integridad y la confianza en el Estado

El Estado peruano enfrenta un desafío central: garantizar que sus funcionarios cumplan con estándares de eficiencia y ética. Aunque el número de servidores ha aumentado, los ciudadanos no perciben mejoras significativas en la atención ni en la calidad de los servicios. Esto plantea una pregunta clave: ¿qué tipo de servidores necesita el país para responder a las demandas de la ciudadanía?

Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, entre 2013 y 2022 el número de servidores públicos creció 26,6%, alcanzando para 2025 una planilla estatal de 1 millón 550 mil trabajadores. El presupuesto proyecta además un incremento del 12% destinado a sueldos y obligaciones sociales. Sin embargo, este aumento de personal no se ha traducido en una mayor eficiencia. En hospitales, los pacientes enfrentan largas esperas por trámites; en colegios, algunos maestros incumplen horarios; y en oficinas públicas, los funcionarios demoran procesos debido a papeleo innecesario. Estos casos reflejan la brecha persistente entre los recursos disponibles y los resultados que percibe la ciudadanía.

El problema no es solo el número de trabajadores, sino también la manera en que se gestionan los cargos públicos. La línea entre servicio público y servilismo político se ha vuelto difusa. En varios casos, lo que debería ser un trabajo orientado al bienestar colectivo se transforma en lealtad a intereses particulares o partidarios. Los cargos en el Estado requieren responsabilidad, competencia y ética profesional.

Aun así, existen funcionarios que cumplen con estos principios. Son quienes actúan de manera transparente frente a irregularidades, incluso renunciando antes de firmar decisiones inapropiadas. Su actuación refleja que la integridad sigue presente en la gestión pública y que es posible mantener estándares de honestidad en el Estado.

El Estado peruano enfrenta además el desafío de no convertirse en una agencia de empleos. Mantener la estabilidad sin mecanismos claros de exigencia y evaluación de resultados puede perpetuar la ineficiencia. Por ello, analistas y organismos públicos coinciden en la necesidad de reforzar la meritocracia, la transparencia y la rendición de cuentas.

En términos prácticos, el tamaño y el presupuesto del Estado no son indicadores suficientes para medir su eficacia. La verdadera medida es su capacidad de atender a los ciudadanos de manera eficiente, ética y comprometida.