Congreso duplicó su gasto en personal: de S/ 492 millones en 2021 a S/ 975 millones en 2025

En medio de una crisis de credibilidad política, un alto descontento por el mal uso de los recursos públicos y una desaprobación del 89%, el Congreso de la República vuelve a estar en el centro de la polémica: en cuatro años este poder ha incrementado considerablemente su gasto en personal, bonos y asesores, mientras la economía nacional enfrenta un lento crecimiento y millones de peruanos ajustan sus presupuestos familiares.

Un reciente informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC) revela que, entre agosto de 2021 y agosto de 2025, el gasto en planillas y obligaciones sociales del sector público creció en S/ 13,6 mil millones. La institución con mayor incremento fue el Congreso, que duplicó su gasto de S/ 492 millones a S/ 975 millones en ese periodo, equivalente a un aumento de 98,2%, seguido por la Contraloría General (67,7%) y el sector Educación (44,7%).

Un Parlamento cada vez más caro

El documento del CPC precisa que las dos áreas del Congreso con mayor crecimiento en el gasto de personal fueron Gestión Administrativa, con S/ 118 millones, y Conducción y Orientación Superior, con S/ 55 millones. Estas oficinas incluyen labores de coordinación, apoyo operativo y ejecución de políticas internas. Si bien estas funciones son necesarias, el aumento desproporcionado del presupuesto cuestiona las prioridades de la institución.

En 2024, el 85% del presupuesto del Congreso fue destinado a sueldos y bonificaciones de congresistas, asesores y personal. Para 2025, el presupuesto total de la institución asciende a S/ 1,3 mil millones y, al igual que el año anterior, prioriza los gastos operativos, mientras que otros rubros menores cubren funcionamiento, mantenimiento, actividades legislativas, desplazamientos, representación, capacitación e inversiones.

La magnitud del gasto se refleja también en la composición del personal. A inicios de 2025, el Congreso contaba con 3,628 trabajadores, de los cuales 1,435 laboraban en organización parlamentaria, entre asesores, comisiones y grupos de trabajo, y 2,011 en servicio parlamentario. Según el exoficial mayor José Cevasco, la proliferación de asesores se explica por la creación constante de comisiones especiales o investigadoras. Desde 2021 se han formado 39 comisiones, cada una con su propio equipo técnico.

El gasto promedio en remuneraciones por despacho congresal supera los S/ 47 mil mensuales, considerando que cada legislador puede contar con hasta siete asesores o asistentes. Un congresista, además, percibe un sueldo base de S/ 15,600 mensuales, que se eleva a S/ 29,400 con las gratificaciones de julio y diciembre. Cada mes recibe también S/ 2,800 por la “semana de representación”, todo libre de Impuesto a la Renta. A esto se suman los bonos: en enero de 2025 se aprobó un pago de S/ 20,600 para el personal activo, y este año el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo exigió un bono adicional de más de S/ 10 mil.

Una gran deuda con los ciudadanos

Mientras el gasto crece, los resultados legislativos son mínimos. En mayo, el Congreso aprobó la redistribución del IGV, incrementando los recursos para el Foncomún, pero otras normas clave, como la Ley de Minería Pequeña y Artesanal (MAPE), continúan paralizadas.

En contraste, se impulsan proyectos cuestionables, como el gravamen a bienes de lujo, presentados sin estudios de impacto económico ni análisis técnico suficiente. El desequilibrio entre gasto y resultados revela un Parlamento más enfocado en su administración interna que en la producción de leyes que beneficien al país.

A ello se suma el deterioro del perfil público de muchos legisladores. Diversos congresistas enfrentan denuncias por enriquecimiento ilícito, agresiones y amenazas a periodistas, lo que agrava la crisis de legitimidad y mina aún más la confianza ciudadana en la institución.

El presupuesto que maneja el Congreso proviene directamente de los contribuyentes, quienes financian sueldos, bonos y planillas sin recibir a cambio leyes efectivas que mejoren su vida o su economía. El gasto crece, la productividad legislativa no, y la paciencia ciudadana se agota. Al final, el mensaje es claro: el contribuyente paga y el Congreso malgasta.